Ciudad de Panamá (AFP) – «Somos migrantes, no somos esclavos», clama Renick Miseney, uno de cientos de haitianos que sin poder seguir su viaje al norte por la pandemia de coronavirus, abarrotan los albergues para migrantes en Panamá, en los que se ha disparado la violencia en los últimos días.
Miseney, de 37 años, relata vía telefónica a la AFP que desde finales de febrero se encuentra varado en Panamá, tras vender un pequeño restaurante que tenía en Chile por el estallido social que azotó el año pasado al país sudamericano.
Tras cruzar la frontera desde Colombia por la peligrosa selva del Darién, unos 2.000 migrantes de Cuba, Haití, Bangladés, Nepal, Congo, Camerún e India, permanecen estancados en campamentos en esa región de Panamá, sin poder seguir su ruta a Estados Unidos, Canadá o México.
Antes de la pandemia, un centenar de ellos eran enviados cada día, con el permiso de San José, hasta la frontera con Costa Rica, para que siguieran su travesía, pero con la crisis sanitaria las fronteras ahora están cerradas.
La situación ha provocado el aumento de la tensión en los campamentos, donde los migrantes piden mejores condiciones de alojamiento y que se les deje continuar su trayecto.
Las autoridades los acusan de haber incendiado el pasado fin de semana varias carpas con insumos médicos en La Peñita, un campamento para migrantes ubicado en una pequeña comunidad indígena en Darién. También los señalan de daños a vehículos y retención forzada de funcionarios, aunque los extranjeros niegan los hechos y culpan a la policía.
«Vamos a proceder con la deportación de este grupo de personas que ha hecho este tipo de daños a la propiedad», señaló a la AFP Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración.
La alcaldesa de La Peñita, Nadine González, aseguró a la AFP que los pobladores «tienen meses de estar preocupados y asustados, viviendo una zozobra por todas las formas que se están viendo de violencia» en el lugar.
Algunos vecinos, acusan a los migrantes de presuntos robos y amenazas. Advierten, incluso, con tomarse la justicia por su mano, en un poblado ideado para atender a 200 foráneos y no a los 1.500 actuales.
Estancados
Miseney pretendía llegar a México para probar suerte en otro negocio junto a su esposa y su hijo de 15 meses.
Pero la pandemia lo sorprendió en Panamá y ahora permanece en la estación migratoria de Lajas Blancas, en la provincia selvática del Darién, fronteriza con Colombia.
«Somos muchos inmigrantes los que estamos aquí en Panamá desde hace seis meses. Estamos durmiendo y viviendo mal. No sabemos cuándo vamos a salir de aquí», dijo Miseney en español.
«Estamos en una finca donde hay caballos, vacas, burros, chivos, pollos», relató Miseney. «Somos migrantes, no somos esclavos».
En un video enviado a la AFP, otro haitiano, identificado como Marco, denuncia que en La Peñita, donde permanecen unas 1.500 personas, los tratan como «animales, como si fuéramos perros».
«No hay una vida razonable aquí, la gente duerme en un cartón y fierros (hierros)», agrega Marco en un video donde se pueden ver tiendas de campaña, rudimentarias literas, ropa desperdigada por el piso y niños, algunos de muy corta edad, en una bodega.
Unas 24.000 personas cruzaron la selva del Darién en 2019 y este año más de 4.000 hicieron el mismo camino pese al peligro, según cifras oficiales.
Olla de presión
Gozaine advirtió que de 250 a 300 migrantes serían deportados por los incidentes violentos.
«Están amenazándonos de que si nosotros no les permitimos seguir ellos van a continuar (las protestas) hasta que haya muertos», alertó Gozaine.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió recientemente apoyo internacional y exigió a Panamá tomar medidas para garantizar los derechos humanos de los migrantes.
El gobierno panameño adelanta la habilitación de una nueva estación migratoria con 48 casas modulares para mejorar la atención.
«Sabemos que están en incertidumbre. Nosotros les hemos dado el trato como seres humanos y hemos mejorado las condiciones en que se encuentran», argumentó el ministro de Seguridad panameño, Juan Pino, quien agregó que se les ofreció a los migrantes la posibilidad de retornar a sus países en vuelos humanitarios.
«Esto es como una olla de presión», dijo en tanto a la AFP Walter Cotte, director regional de la Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja para América y el Caribe.
La dificultad de la situación requiere hacer «todo lo posible para generar distensión y acuerdos» que protejan a los migrantes, agregó Cotte.
«No somos delincuentes», enfatizó Miseney.
