Ciudad de Panamá (AFP) – El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, nombró este lunes nuevos magistrados para la cuestionada Corte Suprema de Justicia, en medio de sonados escándalos de corrupción, espionaje político y polémicos fallos judiciales que lastran la imagen internacional del país.
«La columna vertebral de la democracia es el sistema de justicia y nosotros sabemos perfectamente bien que nuestras instituciones son débiles, especialmente la administración de justicia», dijo Cortizo en conferencia de prensa tras los nombramientos.
Cortizo escogió tres magistrados principales, de nueve que componen la Corte. Los jueces designados son la exfiscal superior anticorrupción Maribel Cornejo; la expresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, María Eugenia López, y el exdefensor del Pueblo encargado, Carlos Vásquez.
También nombró seis magistrados suplentes, en un proceso inédito, en el que participó una comisión integrada por funcionarios de justicia, académicos, organizaciones civiles, sindicales y empresariales y una empresa especializada en elección de personal. El propio gobernante entrevistó de forma personal a los candidatos finalistas.
«Ningún fiscal, juez, magistrado se debe a un político, a un presidente, partido político o grupo económico, nosotros nos debemos al país», enfatizó Cortizo.
Ahora deben ser ratificados por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
La elección llega en momentos donde el Poder Judicial panameño goza de muy poca credibilidad.
En los últimos cuatro años se han abierto cerca de 30 casos por corrupción en el país, pero las condenas contra altos funcionarios brillan por su ausencia. Reportes del gobierno estadounidense y de Transparencia Internacional sobre corrupción también son críticos con Panamá.
Sonados escándalos han quedado en aparente impunidad, como los llamados Papeles de Panamá, que revelaron la creación desde un bufete panameño de sociedades opacas para evadir impuestos en todo el mundo, en un caso que llevó a la producción del filme «Laundromat» (La Lavandería), de Netflix.
Tampoco hubo juicios por el pago de millonarios sobornos a funcionarios por parte de la multinacional brasileña Odebrecht, pese a que la propia compañía, presente en Panamá desde 2006, ha reconocido dichas comisiones.
– Barril de pólvora –
La imagen de la justicia panameña también recibió un duro golpe tras la absolución del expresidente Ricardo Martinelli, enjuiciado por espionaje y malversación de fondos públicos durante su mandato (2009-2014).
Otros presuntos actos de corrupción siguen sin ser juzgados, se han caído por anulación de pruebas, defectos de forma o han sido sobreseídos.
«Aquí o damos una vuelta de timón o estamos caminando cada vez más hacia la justicia fallida», dijo a la AFP Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
Es un «momento histórico» porque el país está sentado «en un barril de pólvora», pues «la rabia e indignación que genera la impunidad es una combinación muy peligrosa», advirtió.
Este mes la fiscal jefe, Kenia Porcell, se vio obligada a renunciar tras la publicación de supuestas conversaciones con el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), en las que ventilaban detalles sobre casos judiciales, lo que se interpretó como presiones del exmandatario para orientar investigaciones.
– «Urgente» –
Los expertos consideran que no hay separación de poderes en Panamá, un país muy presidencialista donde no hay carrera judicial y muchos jueces son interinos, lo que limita su independencia respecto de los magistrados de la Corte que los han nombrado. Tampoco existe un tribunal independiente que vigile sus actuaciones.
Pese a que «la justicia panameña viene en declive desde hace más de dos lustros», la «globalización» de los escándalos de corrupción y la lucha internacional para combatirlos han aumentado los reclamos por un mayor «compromiso contra la impunidad», afirmó a la AFP el presidente de la Alianza Ciudadana Pro-Justicia, Carlos Lee.
Cortizo, que ha propuesto cambios constitucionales para la lucha contra la corrupción, reconoció que una mala imagen de la justicia panameña afecta «mucho» a la economía del país y la atracción de inversiones.
