Ciudad de Panamá (AFP) – Panamá recuerda este viernes la cruenta invasión militar estadounidense de 1989, que sacó del poder al exdictador Manuel Antonio Noriega, una intervención que tres décadas después aún genera suspicacias, recelos y reclamos a Washington.
«En estos 30 años ha habido un velo sobre todo lo ocurrido. Ahora se está haciendo la averiguación que se debió haber hecho en su momento para determinar cómo ocurrieron los hechos y sus consecuencias», dijo Juan Planells, presidente de la comisión gubernamental panameña que investiga la invasión.
El 20 de diciembre de 1989, más de 27.000 soldados estadounidenses invadieron Panamá para derrocar a Noriega (1983-1989), reclamado por un tribunal de Miami por narcotráfico.
Pese al tiempo transcurrido, las investigaciones se han desarrollado «a paso de tortuga» porque «ha habido un deseo de no investigar» y «hemos tenido que empezar de cero», reconoció Planells a la AFP.
La invasión dividió a los panameños durante años, aunque ahora parece un tema casi olvidado. Oficialmente el número de muertos durante la denominada operación «Causa Justa» fue de 500, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a varios miles.
La comisión investigadora iniciará en enero próximo las primeras exhumaciones para identificar a las víctimas.
«Sin duda esas leyendas urbanas de que murieron miles no tienen ningún fundamento, aunque evidentemente después de 30 años es muy difícil llegar a la cifra exacta», admitió Planells.
– Causa … ¿Justa? –
Según el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush (1989-1993), la invasión se produjo para capturar a Noriega, quien fuera colaborador de la CIA, por su relación con el narcotráfico, y liberar a Panamá de la dictadura.
Tras la invasión y hasta su muerte en 2017, Noriega estuvo preso en Estados Unidos, Francia y Panamá sentenciado por narcotráfico, blanqueo de capitales y desaparición de opositores durante su régimen.
La captura de Noriega fue «un pretexto utilizado por Estados Unidos para posteriores propósitos estratégicos y geopolíticos, no solamente con Panamá sino con Centroamérica», refutó Benjamín Colamarco, exdirigente de las milicias populares que se opusieron a la invasión.
Entre esos supuestos planes de Washington estarían renegociar la entrega a Panamá del canal interoceánico (que finalmente se dio en diciembre de 1999), castigar a Noriega por su negativa a intervenir contra el gobierno sandinista de Nicaragua, en momentos que Estados Unidos temía el avance del comunismo.
«Fue una invasión brutal con grandes desproporciones. Ellos sabían que aquí no había más de unos 2.000 hombres que realmente se podían considerar soldados», manifestó a la AFP el coronel Roberto Díaz Herrera, número tres del régimen de Noriega que terminó rebelándose contra el exdictador.
«Decía Bush que venían a cazar a un bandido, pero resulta que lo decía el señor que alimentó ese bandido», en su condición de exdirector de la CIA», añadió.
– Contra el olvido –
En los últimos años los actos conmemorativos de la invasión solo han congregado a un puñado de familiares de las víctimas. Además, en 30 años solo un mandatario panameño ha acudido a los homenajes y ningún gobierno ha cobrado responsabilidades a Estados Unidos, el mayor socio diplomático y comercial de Panamá.
«Imagino que tiene que ver con el hecho de que se trata de Estados Unidos y no se ha querido introducir elementos que puedan hacer difícil esa relación», comentó Planells.
«Hay un Alzheimer histórico. No podemos olvidar que aquí hay una influencia rancia y crónica ya de los Estados Unidos», dijo Díaz.
De poco ha servido que el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara a Estados Unidos como responsable por las «violaciones de derechos humanos» durante la invasión y pidiera a Washington «reparar integralmente» a las víctimas.
Tampoco las autoridades han querido declarar el 20 de diciembre como día de duelo nacional, como solicitan las víctimas, bajo el argumento de un supuesto rechazo empresarial a dar la jornada como festiva.
La abogada panameña que demandó a Estados Unidos en 1990 ante la CIDH, Gilma Camargo, lamentó que «el gobierno panameño pone los intereses personales de las élites comerciales primero».
«No han sido ni siquiera capaces de reconocer un día de duelo nacional como haría cualquier Estado que se considere soberano», comentó Camargo a la AFP.
Planells parece estar de acuerdo.
«La caja registradora no puede estar por encima de nuestra propia identidad», acotó.
