México (AFP) – Padres y compañeros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 pidieron este lunes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se gane su confianza logrando dar con el paradero de sus hijos.
«Gánese la confianza de todos los mexicanos, como usted ve, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza en que usted como ser humano sea más ser humano», pidió a al presidente María Martínez, madre del estudiante Miguel Hernández, en el marco de un acto oficial en el gubernamental Palacio Nacional, en la capital mexicana.
De su lado, Hilda Legildeño, madre de Jorge Antonio Tizapa, también externó su débil optimismo luego del anuncio oficial de la instalación de una comisión para investigar el caso que conmocionó al país: «Cuatro años hemos luchado y pues desgraciadamente no hemos tenido respuesta, nos han dado puras mentiras», dijo.
Con voz baja Legildeño, resaltó que «el señor presidente nos dijo que con este decreto se ordena a las instancias correspondientes a dar la información para dar con el paradero de nuestros hijos».
Los padres de los desaparecidos se han manifestado en varias ocasiones en muchos puntos del país, del extranjero y muchas veces afuera de Palacio Nacional, pero nunca antes en su interior.
«¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!», gritaron al unísono su clásica consigna en el salón de Tesorería, después de hacer el conteo del 1 al 43 con el que enfatizan la ausencia de esos jóvenes de entre 17 y 25 años de edad.
La nueva comisión de investigación diseñará «los lineamientos para la implementación de los beneficios y medidas de protección para aquellas personas que proporcionen información que permita el esclarecimiento de los hechos», destacó en el acto Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.
«No va haber ninguna traba, ningún obstáculo para llegar a la verdad», prometió a su vez López Obrador.
Según la hipótesis que manejó la fiscalía bajo el mandato del expresidente Peña Nieto, los estudiantes estaban en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías locales.
Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río. Esa versión ha sido rechazada por los padres de los jóvenes y organismos internacionales.
