Oro o agua: el dilema que cuestionan los indígenas de Ecuador

Quimsacocha (Ecuador) (AFP) – «Tenemos que decidir entre el oro o el agua. ¿Qué preferimos compañeros?», pregunta el líder indígena Yaku Pérez. «Agua», gritan al unísono unos activistas que se oponen a la minería en Quimsacocha, en los Andes de Ecuador.

El agua cristalina corre por serpenteantes vertientes. Baja desde el páramo, un frágil ecosistema de alta montaña típico de zonas ecuatoriales, y abastece los afluentes a su paso. Indígenas y campesinos alertan de una amenaza: la minería.

En la provincia de Azuay, en el austro ecuatoriano, la mitad de unas 20.000 hectáreas del páramo de Quimsacocha («tres lagunas» en lengua quichua), que se conserva en estado natural, está otorgada en concesión a la canadiense INV Metals Inc.

Esa minera desarrolla un proyecto considerado estratégico por el gobierno ecuatoriano. Está en fase de exploración con reservas de 2,2 millones de onzas de oro, 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre, según cifras oficiales.

«Bienvenidos. Proyecto Loma Larga. La nueva minería» aparece en un gran rótulo montado sobre un sendero en Quimsacocha, a más de 3.000 metros de altura.

Al fondo, asoma una de las tantas quebradas que abastecen a ríos de Cuenca, capital azuaya ubicada a unos 80 km al norte de ese páramo que retiene el agua como una suerte de inmensa esponja natural.

En ese inhabitado campo, donde el gélido viento mece los pajonales y el sol quema la piel antes que dar calor, INV Metals tiene previsto construir una mina subterránea e iniciar en 2021 la producción de concentrado de oro.

– «Sin oro podemos vivir» –

En marzo pasado, una histórica consulta popular local prohibió las actividades mineras en todo Quimsacocha, considerado reserva de la biosfera y donde apenas 3.200 hectáreas estaban protegidas.

«Sin oro podemos vivir, pero sin agua jamás», expresó a la AFP Pérez, cuyo nombre Yaku significa «agua» en quichua y quien resultó electo como prefecto (gobernador) de Azuay en recientes comicios.

El funcionario, de 50 años e indígena del pueblo cañari kichwa, encabeza la «resistencia» de un sector de aborígenes y campesinos contra el extractivismo y en defensa de las fuentes de agua.

«La minería donde va genera despojo de los territorios, violencia en la comunidad, desestabiliza la democracia, genera corrupción institucional, contamina las aguas, envenena los ríos», afirma desde el borde de la quebrada Tasqui, y aprovecha para beber de su agua transparente.

Pérez, quien promueve consultas populares para vetar la minería incluso en todo el país, agrega que las mineras «se llevan la carne y dejan el hueso, pero el hueso contaminado».

Ecuador, que en julio inició la explotación a gran escala de metales y cuenta con proyectos que se colocarían entre los principales yacimientos del mundo, recibirá unos 554 millones de dólares de Loma Larga, de acuerdo a datos oficiales.

«La minería es como un espejismo. Nos dan dinero un ratito y ese dinero después se evapora, se hace humo. O sea, pan para hoy, hambre y desolación para mañana», dice tajante Pérez.

– Oro para «presumir» –

Este abogado defiende a ultranza a Quimsacocha y se las ingenia para franquear los cercos que le impiden acceder al páramo. Sus seguidores cortan con una sierra las cadenas que mantienen cerrado un estrecho paso vehicular en lo alto de montañas.

Con letras blancas pintadas sobre un fondo azul, a un costado se lee: «Propiedad Privada. Prohibido el ingreso».

«Esto no es propiedad privada, esto es propiedad comunal. Tenemos escrituras de 1893, compraron los abuelitos todo este pajonal gigante y no queremos las tierras para cultivar sino para reserva y recarga hídrica», manifiesta el prefecto mientras ceden los eslabones.

Aquí «no vamos a permitir a los mineros», remarca casi en simultáneo María Dorila Fajardo, una aborigen de 60 años que luce una gran pollera roja y cubre su cabeza con un gorro de lana.

Pérez ve en las consultas populares, que deben ser avaladas por la Corte Constitucional, el camino para que «Ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica y sus fuentes de agua y sus ecosistemas, frágiles».

Además de ecologistas, indígenas y campesinos ya lograron su primer triunfo legal al blindar el páramo de Quimsacocha.

Empero, el gobierno confía en que el ente Constitucional impedirá nuevos plebiscitos como muestra de que la nación ofrece seguridad jurídica y poder así atraer más inversión extranjera para la minería, que hasta 2021 recibirá capitales por 2.252 millones de dólares y cuyo PIB crecería de 1,61% en 2018 a 4%.

Luego de estar preso cuatro veces por «defender el agua», Pérez enfatiza que «el mundo está tan loco. Oro para adornarse, ¿para qué? Oro para guardar y presumir de que es rico».