Managua (AFP) – Los opositores nicaragüenses que recientemente fueron excarcelados, entre ellos la estudiante de origen belga Amaya Coppens, demandaron este miércoles al gobierno la cancelación de los juicios en su contra por cargos de tráfico ilegal de armas, que aseguran son falsos.
«No podemos saber qué va a hacer el régimen» con los excarcelados, «todo lo están haciendo fuera de la ley, todos nos encontramos en peligro porque estamos frente a una dictadura criminal», declaró en rueda de prensa Olga Valle, una de la personas que salió de prisión el 23 de diciembre junto a otros 91 opositores, pero que quedaron bajo un régimen de casa por cárcel.
Según el director del organismo Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, el arresto en casa por cárcel se concede a presos que han cumplido la mitad de su condena.
La mujer fue detenida el 14 de noviembre con Coppens y otros 11 opositores, conocidos como «los aguadores», cuando intentaban llevar agua a mujeres que estaban en huelga de hambre para exigir la liberación de los «presos políticos» en Nicaragua.
Tras el arresto, el grupo fue acusado por la fiscalía de tráfico ilícito de armas, un cargo que ellos rechazan. El próximo 30 de enero tendrán que enfrentar un juicio por ese delito.
«Se trata de una mala praxis en la aplicación de la norma», explicó Montenegro a la AFP sobre la medida que el gobierno aplicó para justificar las liberaciones.
Montenegro, quien representará a Amaya Coppens y a otros dos opositores, dijo que este martes presentó las pruebas que aportará en la audiencia.
Por su parte, Coppens, encarcelada dos veces por oponerse al gobierno, acusó a las autoridades de inventar delitos para callar a la oposición.
«Aquí ninguno está libre en Nicaragua. Si uno habla demasiado alto, si uno denuncia lo que está sucediendo, el sistema político y policial es capaz de inventar lo que sea para tenernos encerrados», reclamó la estudiante de 25 años.
Desde su salida de la cárcel, Coppens y al menos otros cuatro opositores han denunciado el asedio de la policía y simpatizantes del gobierno en sus viviendas.
El grupo de los aguadores también demandó la liberación de más de 50 opositores que dicen que aún están presos por disentir con el gobierno de Daniel Ortega, en el marco de la crisis que vive el país desde 2018.
