Caracas (AFP) – Los presos más emblemáticos de la oposición venezolana, Leopoldo López y Antonio Ledezma, fueron encarcelados este martes luego de que la justicia les revocara el arresto domiciliario a pocas horas de la instalación de la Asamblea Constituyente, provocando la condena internacional.
Acusados de planear fugarse y de hacer llamamientos contra las elecciones impulsadas del presidente Nicolás Maduro, López y Ledezma, alcalde de Caracas, fueron sacados de sus casas por agentes del servicio de inteligencia en la madrugada.
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Ambos fueron recluidos en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de la capital, según confirmaron abogados y familiares.
El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó «las acciones de la dictadura de Maduro» y dijo que considera al mandatario «personalmente responsable» de la salud y seguridad de ambos dirigentes.
«Son presos políticos encarcelados ilegalmente por el régimen», señaló. «Reiteramos nuestro llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos».
México, Colombia, Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil manifestaron su preocupación y rechazaron la medida.
España impulsará de su lado sanciones en la Unión Europea, que a su vez calificó el arresto como un «paso en la dirección errónea». El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió al gobierno a resolver las tensiones.
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López, de 46 años, fue excarcelado y puesto en arresto domiciliario el 8 de julio tras cumplir tres años y cinco meses de la pena de casi 14 años por «incitar a la violencia», en las protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.
Ledezma, de 62, fue capturado el 19 de febrero de 2015 acusado de una supuesta conspiración contra el mandatario -aún está en juicio-. Dos meses después recibió casa por cárcel por motivos de salud.
– Sacado en pijama –
Ledezma fue sacado de su casa en pijama entre los gritos de auxilio de una vecina, según imágenes difundidas en redes sociales. Su esposa, Mitzy Capriles, tildó la acción de «secuestro» y pidió desde España que un «equipo forense» lo examine.
El entorno de López difundió un video grabado por el dirigente por si volvía a ser encarcelado, en el que pidió seguir luchando contra el gobierno. También dio a entender que su esposa, Lilian Tintori, está embarazada de su tercer hijo.
Los abogados de ambos negaron tajantemente que los dirigentes buscaran escaparse, como argumentó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.
La máxima corte alegó además que López tenía prohibido hacer «proselitismo político» porque su sentencia está en firme, mientras que Ledezma tenía la «obligación de abstenerse de emitir declaraciones».
En los últimos días, ambos líderes publicaron videos en los que instaban a no votar en la elección de la Asamblea Constituyente, en la que la oposición no participó por considerarla un «fraude» con el que Maduro busca perpetuarse en el poder.
En la primera reacción del gobierno, el promotor de la Constituyente, Elías Jaua, opinó que las declaraciones de ambos dirigentes llamaban al «desconocimiento de las instituciones y resultados» de la votación.
Los comicios transcurrieron en medio de manifestaciones que dejaron 10 muertos, con lo que aumentó a unos 125 los fallecidos desde que inició una ola de protestas hace cuatro meses.
– «Terminarán en una celda» –
La revocatoria de la prisión domiciliaria elevó la tensión a horas de que se instale el jueves la Constituyente en el Palacio Legislativo, donde sesiona el Parlamento.
La oposición movió para ese día la convocatoria de una marcha, prevista para el miércoles hasta bien entrada la noche. Buscan denunciar la «ilegitimidad» de la asamblea, desconocida por una decena de países, entre ellos Estados Unidos, que el lunes impuso sanciones contra Maduro y la semana pasada a 13 funcionarios.
«Algunos terminarán en una celda», advirtió el presidente, quien dijo que la Constituyente podría levantar la inmunidad a parlamentarios opositores para someterlos a la justicia, y «tomar el control» de la Fiscalía.
Al anunciar que no reconoce la Constituyente y asegurar que el gobierno tiene «ambición dictatorial», la fiscal general, Luisa Ortega, chavista rebelada contra Maduro, dijo estar segura de que van tras su «cabeza».
Dos magistrados de una corte suprema paralela nombrada por el Parlamento de mayoría opositora siguieron el ejemplo de otra jueza y buscaron protección en la embajada chilena en Caracas.
«Está cantada la radicalización política y económica» después de la Constituyente, opinó el analista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.
