Managua (AFP) – Un bloque opositor de Nicaragua se declaró este domingo en «permanente movilización» tras rechazar la violencia contra manifestantes durante una jornada de protestas que dejó la víspera cuatro heridos y 10 detenidos, que fueron liberados después.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocó a realizar el martes «piquetes express» y el miércoles a sonar la bocinas de automóviles en un «pitazo» como formas de movilización para exigir al gobierno de Daniel Ortega justicia y libertad para los «presos políticos», según un comunicado.
La coalición opositora evalúa la convocatoria a una marcha nacional el próximo fin de semana con la respectiva notificación a la policía para fines de ordenamiento vial, según dirigentes.
La UNAB consideró «inadmisible» que el gobierno demuestre «falta de voluntad» para resolver la crisis al incumplir un acuerdo firmado el viernes con la oposición relativo a respetar los derechos y garantías ciudadanas.
El compromiso oficial preveía restituir el derecho a la movilización, luego de que durante seis meses la policía impidiera cualquier expresión de protesta opositora, tras considerar que son ilegales.
Fuerzas antimotines de la policía arrestaron el sábado a unas 10 personas, que luego liberaron, durante una jornada de protestas. El hecho más grave ocurrió en un centro de compras en Managua, donde hubo cuatro heridos, entre ellos un hombre que disparó contra la multitud, un supuesto simpatizante del partido de Gobierno.
La coalición agrupa a más de 40 grupos sociales y políticos, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que sostiene negociaciones con el gobierno para buscar una solución a la crisis política que desde abril del año pasado ha dejado 325 muertos, centenares de presos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.
– Oposición pide presencia de CIDH –
La oposición se pronunció a favor del diálogo, pero consideró que el cumplimiento de acuerdos con el gobierno «no puede estar sujeto a una declaración de buenas intenciones» y propuso que de «urgencia» llegue al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como garante para liberar a los detenidos en las protestas.
El gobierno acusó a «personas violentas, encapuchadas y vestidas para oportunidades mediáticas» de amenazar a la población con volver a poner tranques (bloqueos de vías) y «con actos vandálicos y terroristas».
La delegación del gobierno en la mesa de diálogo acusó a la contraparte de ser parte de esos «individuos violentos» y de rechazar los acuerdos tomados en las negociaciones.
Además llamó a «dejar atrás esos períodos de terrorismo, destrucción de vidas, hogares, bienes públicos y privados, de nuestra economía» y «con elevado del bien común» seguir cumpliendo a los nicaragüenses.
La liberación de centenares de detenidos en las protestas forma parte de los compromisos oficiales con la oposición, aunque hay diferencias sobre las cifras de personas que deben ser puestas en libertad.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, crítico del gobierno, calificó de «doloroso» e «indignante» la violencia del sábado.
La solución a la crisis en Nicaragua debe ser el diálogo, pero «debe ser sincero, sin meter zancadillas, sin engaños ni marrullas», dijo Báez en declaraciones a la prensa al término de la homilía en un barrio de Managua.
Las manifestaciones antigubernamentales iniciaron el 18 abril contra una reforma a la seguridad social, que se transformó en una demanda para la renuncia de Ortega, con 12 años en el gobierno y señalado de corrupción y de instaurar una dictadura.
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