Ginebra (AFP) – El Estado de derecho se está deteriorando en Nicaragua, advirtió la ONU este jueves, reclamando una reforma electoral urgente para garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre sean «libres, justas y transparentes».
«Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose», declaró la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación de un informe sobre ese país ante el Consejo de derechos humanos, en Ginebra.
«La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático», agregó en un mensaje grabado en video.
Nicaragua atraviesa desde 2018 una grave crisis política. En el poder desde 2007 y acusado por la oposición de haber instaurado una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo, Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que ya dirigió el pais de 1985 a 1990, podría presentarse a un cuarto mandato consecutivo.
Sin embargo, Wendy Carolina Morales, procuradora general de Nicaragua, indicó que «el gobierno […] expresa su no aceptación y rechazo absoluto del informe», al que tacha de «injerencista», por «considerarlo unilateral, parcializado, carente de objetividad», en una nota enviada al Alto Comisionado de la ONU.
En diciembre, el Parlamento aprobó una controvertida ley que aparta de las elecciones de 2021 a quienes promuevan las sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara alusión a la oposición.
En su informe, Bachelet reclama la adopción urgente de reformas electorales «que garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes» en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras.
«Impunidad» –
Asimismo, la alta comisionada insta a las autoridades a «poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas, o que expresan opiniones que difieren de las del Gobierno».
La responsable también lamentó que el gobierno no haya reconocido «la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018» y explicó que «la impunidad» condujo a «la reiteración de violaciones de derechos humanos».
Según el informe, el Alto Comisionado documentó, entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, 117 casos de acoso, intimidación y amenazas por parte de policías y elementos progubernamentales contra estudiantes, agricultores, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres.
Además, registró 34 casos de intimidación, amenazas y otras campañas de difamación contra medios de comunicación y periodistas considerados «opositores».
En 2018, la violenta represión de unas manifestaciones gubernamentales causó al menos 328 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Bachelet ha denunciado en varias ocasiones los abusos cometidos en Nicaragua y ha pedido al gobierno que representantes del Alto Comisionado puedan visitar el país para el «monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral» y funciones de asesoría técnica.
