Washington (AFP) – El Consejo Permanente de la OEA aceptó el martes al enviado del líder opositor Juan Guaidó como representante de Venezuela hasta que haya nuevas elecciones en ese país, tras un encendido debate y ante la oposición tajante de la delegada del presidente Nicolás Maduro.
Gustavo Tarre fue aceptado como «representante permanente» designado por la Asamblea Nacional venezolana (parlamento) ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una resolución aprobada por 18 votos a favor, nueve en contra, seis abstenciones y una ausencia.
El gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió un segundo mandato hasta 2025, «carece de legitimidad» y por lo tanto los funcionarios nombrados por él tampoco la tienen, indica el texto impulsado por Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú.
Se apoya en dos decisiones previas de la OEA: la resolución de junio de la asamblea general, máximo órgano de la organización, que declaró ilegítimos los comicios de mayo pasado. Y la resolución del 10 de enero del consejo permanente, que desconoció a Maduro y destacó la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional, «elegida democráticamente» en 2015.
El texto fue votado tras una enmienda de Jamaica, que establece que Tarre es aceptado «como representante permanente designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo».
La realización de nuevas elecciones es la meta última de Guaidó, quien en su condición de líder parlamentario se declaró el 23 de enero presidente encargado con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar nuevos comicios.
El Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los embajadores de los 34 miembros activos del organismo, también encomendó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, trasmitir el texto a su par de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Tarre presentará cartas credenciales este miércoles ante Almagro, informó la OEA.
– Decisión «ilegítima» –
Desde Caracas, la cancillería tildó de «ilegítima» la decisión y aseguró que con ella «la OEA convalida el plan de golpe de Estado iniciado el 23 de enero pasado».
«Probaron que nuestra decisión de renunciar fue la correcta», dijo la representante de Venezuela, Asbina Marín, durante la sesión en la OEA.
Maduro inició en 2017 las gestiones para abandonar la OEA asegurando que el bloque regional es parte de una campaña de Washington para «intervenir» Venezuela. El retiro formal debería concretarse el próximo 27 de abril.
Pero Marín dijo que «el único modo» de que abandone antes su puesto es ante una resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA por mayoría calificada de dos tercios.
La idoneidad de la Asamblea General para tratar el tema en vez del Consejo Permanente fue señalada especialmente por México, uno de los países que más cuestionó la resolución. Uruguay, Bolivia, Nicaragua y varios países caribeños se sumaron a esa idea.
El embajador mexicano Jorge Lomónaco tildó la aprobación de la resolución de «victoria pírrica», preguntándose si esto no permitirá, por ejemplo, que el Poder Judicial mexicano mande un representante ante la OEA.
Uruguay, que como México no ha reconocido a Guaidó y favorece el diálogo como salida a la crisis venezolana, también advirtió sobre el «peligroso precedente».
Nicaragua denunció «una flagrante violación de la carta interamericana», en tanto Bolivia dijo que esto «pone en riesgo la credibilidad» de la OEA.
– «Un logro extraordinario» –
Pero el representante de Estados Unidos, Carlos Trujillo, que hasta junio preside el consejo permanente, celebró la decisión como «un logro extraordinario».
También lo vio así Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.
«Logramos el cese de la usurpación en la OEA, y así seguiremos hasta hacerlo en Venezuela», reaccionó en Twitter.
Tras la sesión, Tarre dijo a periodistas que «la discusión en la cual se agarraban de formulismos jurídicos totalmente fuera de lugar implica una cierta desesperación de unos aliados de un gobierno que está en vías de desaparecer».
La OEA ha estado dividida con relación a Venezuela desde que en marzo de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, de línea oficialista, transfirió las funciones de la Asamblea Nacional a Maduro, originando una ola de protestas.
A favor del nombramiento de Tarre votaron Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Santa Lucía.
Además de Venezuela, se pronunciaron en contra Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Granada, México, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Uruguay.
Barbados, El Salvador, Guyana, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago se abstuvieron, en tanto Belice estuvo ausente.
