Washington (DC).- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anuncio una nueva regla final que refuerza significativamente las protecciones para las víctimas de trata de personas a través del estatus de no inmigrante T, o visa T.
La visa T es un mecanismo legal que permite a ciertas víctimas de trata permanecer en Estados Unidos durante un período inicial de hasta cuatro años, ofreciéndoles un respiro y la posibilidad de reconstruir sus vidas lejos de las garras de sus traficantes.
«Estamos dedicados a proteger a las víctimas de la trata de personas y minimizar cualquier barrera potencial para la asistencia», expresó Ur M. Jaddou, directora de USCIS. «Este marco regulatorio firme que respalda el programa de visas T ha sido un trabajo en proceso durante muchos años y me complace verlo finalmente implementado».
La trata de personas, un crimen en el que los traficantes emplean la fuerza, el fraude o la coerción para obligar a individuos a realizar trabajos o servicios, incluido el sexo comercial, es un delito que a menudo se cierne sobre los más vulnerables, particularmente aquellos sin estatus legal en el país.
El DHS, comprometido con la protección de estas comunidades, ha fortalecido la aplicación de la ley en las fronteras y ha impuesto consecuencias más severas a aquellos que evitan los caminos legales.
La nueva regulación clarifica la elegibilidad para la visa T y los procedimientos necesarios para solicitarla, facilitando así el acceso a las protecciones. Además, mejora la integridad del programa al establecer requisitos claros y coherentes de denuncia y evidencia que las víctimas deben presentar, lo que ayuda a las autoridades a actuar más eficazmente contra los delitos de trata.
Uno de los aspectos más destacados de la regla final es la actualización y clarificación de términos como «serios daños», «abuso» y «agencia de cumplimiento de ley». Estas definiciones buscan garantizar que los estándares sean consistentes y que se apliquen de manera uniforme, facilitando la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su lucha contra este delito.
«Centralizar la capacidad de las agencias para actuar en relación con las denuncias de trata requiere que las víctimas denuncien los casos a la jurisdicción policial correcta», detalla la regulación.
Esta centralización es crucial para simplificar el proceso de determinación y adjudicación de las solicitudes, manteniendo al mismo tiempo las medidas necesarias para prevenir el fraude.
Este cambio legislativo llega en un momento oportuno. Desde 2020, el DHS ha intensificado sus esfuerzos para combatir la trata de personas mediante el Centro para Combatir la Trata de Personas, que coordina acciones de 16 oficinas y componentes del DHS.
Además, la Campaña Azul, una iniciativa de concienciación pública liderada por este Centro, ha jugado un papel fundamental en la educación y la prevención de este delito en el ámbito nacional.
Estas acciones son parte de una estrategia más amplia que refleja el compromiso del DHS para no solo castigar a los culpables sino también para ofrecer un refugio seguro y apoyo a las víctimas de esta terrible violación de los derechos humanos.
Con esta nueva regla, el gobierno de Estados Unidos reafirma su posición firme contra la trata de personas y su dedicación a asegurar que las víctimas reciban la protección y el apoyo que merecen.
