Santiago de Lucanamarca (Perú) (AFP) – Los sobrevivientes de la masacre de Lucanamarca, una de las peores del grupo maoísta Sendero Luminoso en Perú, recuerdan esa terrorífica noche de hace casi 40 años y no perdonan al exjefe guerrillero Abimael Guzmán, fallecido la semana pasada.
«Es un trauma que no podemos olvidar», dice a la AFP Rolando Misaico, que a los 10 años perdió a su madre en la masacre de 69 campesinos la noche del 3 de abril de 1983 en esta pobre comunidad campesina ubicada 550 km al sureste de Lima.
Una columna de 60 guerrilleros armados de machetes, hachas, cuchillos y armas de fuego ingresó al poblado situado a 3.500 metros de altitud, convocó a la población a la plaza central y asesinó a 69 pobladores.
Algunos fueron quemados vivos con kerosene, otros murieron a hachazos, contaron a la AFP sobrevivientes.
El detonante fue la negativa de la comunidad a aceptar las normas impuestas por Sendero Luminoso en Ayacucho, un departamento andino marcado a fuego por la pobreza y la violencia.
La matanza de Lucanamarca fue percibida como un mensaje de lo que le podría suceder a quienes no estuviesen dispuestos a someterse a las reglas de Sendero Luminoso.
También mostró la crueldad y determinación a la que estuvo dispuesta la guerrilla maoísta. El terror empleado contra quienes no se plegaban a sus filas o contra delatores valió al líder guerrillero el apodo de «Pol Pot andino».
«Mataron a mi mamá con un hacha» –
Los testimonios son sobrecogedores.
«Mi mamá se quedó en la casa. Allí la mataron con un hacha. Cuando regresé de cuidar mi ganado ya estaba muerta», dijo Misaico, que además perdió a otros seis familiares en la masacre.
«Me salvé de milagro», reflexiona tras dejar flores en la tumba de su madre, Felicitas Ebanan, en el cementerio de Lucanamarca.
Los sobrevivientes se refugiaron de la guerrilla en cuevas de los cerros aledaños, temerosos de nuevos ataques terroristas.
«No tiene perdón» –
«Abimael ha querido destruirnos a todos, más a los campesinos. Esta herida que nos ha dejado no se borra», dice a la AFP Orfelinda Quincho, de 64 años.
«Abimael no tiene perdón. Si está muerto, que quemen su cuerpo y lo echen al mar para que desaparezca», pidió esta profesora que perdió a nueve parientes en la masacre, entre ellos a su madre y un hijo.
En 2006 la justicia peruana declaró culpables a Abimael Guzmán y a su esposa Elena Yparraguirre de ser los autores intelectuales de la matanza de Lucanamarca, y los condenó a cadena perpetua.
Desde su muerte a los 86 años el sábado pasado, el cuerpo de Guzmán yace en una morgue a la espera de que el gobierno de Pedro Castillo decida su suerte. Aunque su viuda reclama el cadáver, el Congreso aprobó un proyecto de ley que autoriza su cremación y ahora el mandatario debe decidir.
«Me capturaron y me llevaron a la plaza de armas y nos rociaron kerosene en la puerta de la iglesia, pero un llamado de los ‘sinchis’ (policías) nos salvó para huir», recuerda Epifanio Quispe, de 75 años, que en la época de la masacre era juez de paz de la comunidad y perdió en ella a su hermano de 32 años.
«Abimael Guzmán mucho daño nos ha hecho a nosotros. A mis hijos y esposo» que fueron asesinados esa noche, dijo por su lado Heraclides Misaico, de 68 años, que se escondió en su casa durante el baño de sangre. Esa noche esta mujer perdió de un zarpazo a su esposo Alberto Tacas y sus hijos Adela (9), Haydeé (7), Abdón (5) y Benilda (4).
«Nosotros no queremos pensar en esa persona. Mató a inocentes. Aquí la mayoría quedaron huérfanos», declaró en el cementerio Matilde Ebanan, de 57 años, cuya abuela fue asesinada en la masacre.
Sepultados con la misma fecha –
En Santiago de Lucanamarca, un poblado dedicado a la agricultura y la ganadería, habitan unas 2.600 personas cuyo idioma materno es el quechua, y que viven en viviendas de adobe y ladrillo.
En su pequeña plaza de Armas se ha colocado un monumento en forma de pirámide con los nombres de las 69 víctimas de la matanza, incluidos 22 niños y 14 mujeres.
Los restos, la mayoría identificados tras ser exhumados de una fosa común, reposan en un mausoleo del cementerio del pueblo. Los nichos llevan la misma fecha de deceso: 3 de abril de 1983.
Por temor a represalias los familiares sólo denunciaron formalmente el hecho 18 años después, en 2001, ante funcionarios de una Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó el conflicto interno peruano (1980-2000).
El conflicto dejó en total 70.000 muertos, miles de desaparecidos y desplazados por la violencia de las guerrillas y las fuerzas armadas, que dejó a las poblaciones andinas bajo fuego cruzado.
