Managua (AFP) – Autoridades migratorias de Nicaragua negaron este viernes la entrada al país a una comitiva del Centro por la Justicia y los Derechos Internacional (Cejil), una organización defensora de los derechos humanos, denunció el grupo.
Tres activistas del Cejil llegaron la mañana del viernes al aeropuerto internacional de Managua, invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no se les permitió ingresar y debieron regresar a Costa Rica, dijo la entidad en Twitter.
«Aunque contábamos con una invitación formal de la CIDH, las autoridades migratorias nos negaron el ingreso. Esta acción demuestra una vez más las arbitrariedades del gobierno y su falta de compromiso con los derechos humanos y la democracia», expresó el Cejil.
«Lamentamos esta actuación de las autoridades nicaragüenses. Estamos convencidos de que en Nicaragua hay un cierre absoluto de espacios democráticos, hay miles de personas en indefensión en ese país que requieren de nuestro apoyo y del apoyo internacional», dijo luego Marcia Aguiluz, integrante de la delegación de Cejil, en una conferencia de prensa en San José.
Junto a ella fueron deportadas Francisca Stuardo y Paola Limón.
Aguiluz explicó que las tres informaron el jueves que viajarían a Nicaragua para fines no turísticos, tal como lo exige el gobierno, pero en Migración un funcionario les informó que no podían ingresar porque no habían «avisado con suficiente antelación».
«Vamos a seguir con toda nuestra voz y toda nuestra energía denunciando lo que pasa en Nicaragua», afirmó la activista.
La acción fue repudiada también por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que cuestionó al gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
«El régimen Ortega-Murillo obstaculiza una vez más la labor de los defensores de derechos humanos al negar el ingreso del equipo de Cejil a Nicaragua», tuiteó el centro.
«La mayor muestra de que las cosas marchan bien en un estado es que tiene las puertas abiertas a la fiscalización internacional y definitivamente nos preocupa que esas puertas se cierren» en Nicaragua, declaró en tanto la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, integrante de un grupo de expertos de la CIDH.
La Comisión tiene instalados en Nicaragua, con el aval del gobierno, dos grupos de trabajo para dar seguimiento a la grave situación de derechos humanos que vive el país desde que hace seis meses iniciaron manifestaciones contra Ortega.
La represión a las protestas ha dejado más de 320 muertos, 2.000 heridos y cientos de detenidos en Nicaragua, según grupos humanitarios.
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