Managua (AFP) – El gobierno de Daniel Ortega cerró el domingo la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo, del cual ya había anunciado su retiro en noviembre de 2021.
Según dijo el canciller nicaragüense, Denis Moncada, su país deja inmediatamente de participar de la OEA y retira las credenciales a sus representantes en Washington. «Tampoco tendrá, este infame organismo, en consecuencia, oficinas en nuestro país. Su sede local ha sido cerrada», sostuvo. «Nicaragua expulsa a la Organización de Estados Americanos», aseguró.
Tras el anuncio, agentes de la policía permanecen para «resguardo» en las afueras de la que era la sede de la OEA en Managua, según fotos y videos divulgados por medios oficiales.
La secretaria de la OEA denunció la «ocupación ilegítima» de sus oficinas, que calificó como una violación de las normas internacionales, según un comunicado divulgado en internet.
En una carta leída a través de una transmisión oficial, Moncada dijo que «a partir de esta fecha» Nicaragua deja de formar parte «de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas».
«No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA», aseguró.
El gobierno de Ortega, un exguerrillero de 76 años en el poder desde 2007, había anunciado a finales del año pasado el retiro de Nicaragua de la OEA, que desconoció su elección para un cuarto mandato consecutivo en noviembre de 2021, con sus rivales y opositores presos.
Sin embargo, de acuerdo a los protocolos, la salida debía ocurrir en un lapso de dos años, para que Nicaragua culminara con los compromisos pendientes que pudiera tener con el organismo.
«Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno y debe cumplir con todos sus compromisos», recordó el organismo y exigió al gobierno «respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA», precisa el comunicado.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) respaldó «la digna, soberana y coherente» decisión de Managua de expulsar a la OEA, según un comunicado divulgado por medios afines del gobierno.
Venezuela, en tanto, saludó como «valiente» la renuncia de Nicaragua al organismo hemisférico, que calificó como «instrumento del imperialismo estadounidense».
«Cerrar la puerta a la paz» –
El 23 de marzo, el entonces representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, sorprendió durante su intervención en una sesión del Consejo Permanente, durante la cual calificó de «dictadura» a la gestión de Ortega y denunció las precarias condiciones en que sus opositores estaban detenidos.
«No puedo entender los motivos del gobierno, pero este retiro se realiza al cumplirse un mes de mi discurso ante la OEA», dijo McFields este domingo, en conversación con la AFP.
Aunque, para él, la decisión de Ortega de retirarse anticipadamente «es una gran victoria moral para el pueblo de Nicaragua y para los presos políticos que están en la cárcel de El Chipote». La OEA pidió en reiteradas ocasiones la libertad de los opositores.
Las oficinas de la OEA «han estado históricamente en nuestro país y fueron parte de un proceso histórico de pacificación en Nicaragua. El gobierno está cerrando una puerta a la paz», agregó.
Según detalló McFields, actualmente las oficinas de la OEA en Managua funcionaban con un personal básico administrativo.
Relación con la OEA –
En 2016, cuando la oposición denunció fraude en la elección de Ortega para un tercer mandato consecutivo, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, la OEA envió una misión para lograr un acuerdo, sin muchos resultados.
El organismo llamó a Nicaragua a realizar cambios a la ley electoral para que no se repitieran esos incidentes. Incluso, su secretario general, Luis Almagro, visitó Nicaragua a fines de ese año. En 2017, la OEA y Managua firmaron un acuerdo para implementar medidas para mejorar el sistema electoral.
Sin embargo, protestas contra el gobierno que se desataron en abril de 2018 y paralizaron a Nicaragua por varios meses cambiaron el rumbo de las cosas. Violentas represiones dejaron 355 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En reiteradas ocasiones Ortega negó la entrada a misiones de la OEA para buscar solución a esa crisis, alegando injerencia en situaciones internas.
Al iniciar la ola de detenciones de opositores en junio de 2021, meses antes de las elecciones generales, Almagro consideró que en Nicaragua «el ejercicio de poder no se hacía de acuerdo al estado de derecho», por lo que podía considerarse una «dictadura».
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