Managua (AFP) – El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en medio de una aguda crisis política, acordó con la OEA un calendario para analizar reformas al sistema electoral de aquí a enero, aunque la oposición pide cambios inmediatos, incluida su salida del poder.
La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro, anunció en un comunicado que una misión de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional en Nicaragua realizará el domingo en Managua su primera reunión con representantes del gobierno para definir un plan para alcanzar la reforma.
La oposición nicaragüense ha denunciado que el gobierno de Ortega controla el sistema electoral al tener a sus aliados al mando del Consejo Supremo Electoral (CSE) y los tribunales de justicia.
Este jueves, Almagro consideró como positiva la renuncia del magistrado del CSE Roberto Rivas, un aliado de Ortega señalado por opositores como artífice de su última reelección.
El acuerdo con la OEA se da en momentos que el diálogo nacional mediado por la Iglesia católica, que busca una salida a la crisis política, esta suspendido tras los violentos ataques del miércoles contra manifestantes opositores, que dejaron al menos 16 muertos.
Fue la jornada más violenta desde que el 18 de abril estalló una ola de protestas opositoras contra una reforma a la seguridad social, que indignó al país por la represión policial contra los manifestantes.
Desde entonces, más de un centenar de personas han muerto en la represión por parte de fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El cronograma para la reforma electoral prevé que de julio a octubre llegue a Nicaragua un grupo de expertos para reunirse con autoridades, partidos políticos e integrantes de la sociedad civil.
La propuesta de reforma electoral deberá ser elaborada entre noviembre y diciembre, con la entrega del documento final previsto para enero de 2019.
– Diálogo roto –
El 28 de mayo, una delegación del gobierno y una alianza cívica integrada por estudiantes, empresarios y sociedad civil expresaron su disposición a retomar una agenda para democratizar el país, pero tras la violencia del miércoles, la reanudación del diálogo quedó en suspenso.
Los obispos católicos, mediadores de las conversaciones, advirtieron que el clima de represión hacía imposible volver al diálogo.
Mientras tanto, familiares de los fallecidos en los choques del miércoles comenzaron a enterrar este viernes a sus seres queridos.
«Señor dame paz en mi corazón (…) yo nunca me esperaba esto», lloraba desconsolada Yadira Córdoba, aferrada al ataúd de su hijo Orlando Córdoba, en momentos que salía el sepelio hacia el cementerio en Managua acompañado de centenares de amigos.
Córdoba, de 14 años, estudiante de primaria, fue alcanzado por una bala en el sector de la Universidad Centroamericana (UCA) cuando participaba el miércoles en una marcha opositora.
El dolor también tocó a la familia del exguerrillero y policía, Armando Reyes, cuyo hijo Francisco, de 34 años, murió de un disparo en la cabeza cuando participaba en la marcha.
«No es un perro el que murió», señaló el oficial Reyes, quien pidió ser dado de baja de la policía.
Escenas de dolor y consternación se repiten en otras 14 familias que perdieron a sus seres queridos el miércoles, en lo que la opositora Alianza Cívica ha calificado como la «peor masacre» desde que estalló la ola de protestas el 18 de abril.
El Cenidh señaló que «los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque» que responden al presidente Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Nicaragua protección para el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, un crítico del gobierno y miembro de la comisión de mediación en el diálogo.
La matanza del miércoles motivó una enérgica respuesta internacional.
Un grupo de 21 exgobernantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) urgieron el viernes a la OEA y al Grupo de Lima a tomar «medidas de urgencia» ante los «graves atentados» contra la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la violencia de esta semana e instó al gobierno de Ortega «a garantizar la protección y la libertad de expresión de manifestantes pacíficos».
El gobierno hizo pública una carta firmada por el Papa Francisco en la que les aconseja un diálogo sincero y evitar «toda cerrazón y violencia».
La carta del Vaticano, con fecha 11 de mayo, fue publicada por el gobierno 20 días después y tras la decisión de los obispos de interrumpir el diálogo, en el que la oposición reclamó la renuncia de Ortega.
El presidente rechazó los llamados de sus adversarios a dejar el poder, declarando el miércoles durante una marcha oficialista que «Nicaragua no es propiedad privada de nadie».
«Aquí nos quedamos todos», espetó Ortega al rechazar el llamado de empresarios, estudiantes y sociedad civil para que deje el poder.
