Managua (AFP) – Un paro nacional congelaba parcialmente las actividades este jueves en Nicaragua, convocado por opositores en reclamo de la liberación de los detenidos en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que amenazó al sector privado con represalias.
En las principales calles de Managua y otras ciudades de Nicaragua como León y Chinandega (oeste), se observaron patrullajes policiales y un escaso movimiento de personas y vehículos.
En el popular Mercado Oriental de Managua, donde operan más de 20.000 negocios, la mayoría se mantuvieron cerrados por la mañana, aunque muchos vendedores ambulantes, verduleros y pequeños talleres y tiendas de servicios abrieron sus puertas, comprobó la AFP.
«Si uno no trabaja no come», dijo Harold Chavarría, un mecánico que repara llantas viejas, y que este jueves no adhirió al cese de actividades como había hecho en varias ocasiones el año pasado.
Frente al negocio de Chavarría, varios verduleros exhibían sus productos para la venta.
Algunos de los que fueron a trabajar, según contaron a la AFP, lo hicieron por la crisis económica que agobia al país, y no por apoyo al gobierno.
«La gente ya no quiere este gobierno», dijo Juan González, conductor de un taxi, quien como otros colegas pasó horas manejando por la ciudad en busca de pasajeros.
Socorro Arteaga vendía rosquillas en el mercado Roberto Huembes. Este jueves no pudo sumarse a la medida de fuerza: «Tenemos muchas deudas, estamos de acuerdo con el paro, pero no podemos participar», explicó apenada.
«La solución a la crisis es un cambio de gobierno», sentenció Arteaga. Junto a ella, un zapatero se disponía a trabajar.
Más de 400.000 personas perdieron sus trabajos el año pasado por la crisis causada por la inestabilidad política, y cerca de 100.000 podrían quedar desempleadas este año, según la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
– Amenazas –
La huelga de 24 horas fue convocada por la alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) con el apoyo de las cámaras empresarias, para exigir la liberación de cientos de encarcelados por participar en las protestas contra el gobierno, ante la indignación que causó la muerte del opositor Eddy Montes durante un disturbio en una cárcel la semana pasada.
«La demanda de liberar a los presos políticos es justa; es injusto que ellos estén en la cárcel», dijo Rosa, una vendedora ambulante de pan y refrescos que, pese a su opinión, salió a trabajar este jueves.
El paro tuvo el apoyo de los grandes comercios, la mayoría de los supermercados, y fue acatado en colegios y universidades privadas.
Pero los alumnos de las escuelas públicas asistieron normalmente a clases.
«Los profesores amenazaron (a los alumnos) con quitarles puntos si no iban» a la escuela por el paro, dijo un hombre de la comunidad escolar que pidió no ser identificado.
También trabajaron las oficinas públicas, así como los bancos, luego de que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), controlado por el oficialismo, amenazara el miércoles con quitarles la licencia a los que no atendieran al público.
«El banco es concesionario de una licencia bancaria que ha sido otorgada por el estado de Nicaragua, la cual debe ser acatada fielmente para beneficio de todos los nicaragüenses», advirtió Siboif en un comunicado.
Por otro lado, el Ministerio del Trabajo indicó en la previa del paro que si una empresa decidía paralizar su actividad, debía mantener los derechos salariales y otros beneficios de los trabajadores.
– Promesas y desconfianza –
El miércoles el gobierno había tratado de frenar la medida opositora al proponer un plan en el cual se compromete a liberar, sin cargos judiciales, a todos los opositores presos «a más tardar el 18 de junio», incluyendo a los que están fuera del país y que tienen procesos judiciales pendientes.
En esa fecha vence el plazo de 90 días en que el gobierno prometió sacar a los opositores de las cárceles en el marco del diálogo que inició en febrero con la oposición, y que ha cumplido a medias con el pase de 336 detenidos a prisión domiciliaria.
Desconfiados de la oferta gubernamental, los opositores insistieron en llevar adelante el cuarto paro nacional desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) condicionó la reanudación de las negociaciones con el gobierno a la liberación de todos los detenidos.
La crisis que vive Nicaragua desde hace un año ha dejado 325 muertos, unos 800 detenidos y 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
