Managua (AFP) – La justicia nicaragüense decidió este jueves enjuiciar y mantener en prisión preventiva a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro y a otros acusados de lavado de activos, a escasos 67 días de las elecciones generales.
El ministerio Público (Fiscalía) informó que «la autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y remitió la causa a juicio», durante una audiencia inicial celebrada en las instalaciones de la cárcel El Chipote
La Fiscalía no anunció cuándo comenzará el juicio ni precisó cual será el tribunal a cargo de la causa.
Chamorro, 67 años, cumple arresto domiciliario desde el 2 de junio, luego de que la fiscalía iniciara una investigación por lavado de bienes y activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
La oenegé, que cerró en febrero, es un centro de capacitación de periodistas y defensa de la libertad de prensa, y durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro.
Chamorro negó los cargos que le imputa la Fiscalía y atribuyó el caso a un interés del gobierno de inhibirla para competir en las elecciones del 7 de noviembre.
Encuestas de opinión le daban el mayor apoyo ciudadano después del presidente Daniel Ortega, quien postula para un cuarto mandato sucesivo.
El mandatario de 75 años estuvo en el gobierno entre 1979 y 1990, primero al frente de una Junta de Gobierno y luego como presidente. En 1990 fue derrotado por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y regresó al poder en 2007 donde se mantiene hasta la fecha.
El proceso electoral se realiza en medio de una ola de arrestos de 34 opositores y críticos de Ortega, de los que siete eran aspirantes a la presidencia, incluida Chamorro.
Además de Cristiana, también serán procesados sus hermanos Pedro (en prisión) y Carlos Fernando Chamorro (en el exilio), siete empleados de la fundación de los que cuatro están prófugos, según la fiscalía.
La audiencia de la que no se dieron detalles, se realizó en la mañana del jueves dentro de las instalaciones de la cárcel de auxilio Judicial de la Policía, conocido como El Chipote, al suroeste de Managua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó «el hermetismo» de las autoridades respecto a la sesión y cuestionó si «continuarán las audiencias secretas en contra de la ley», que estipula que deben ser públicas y en el recinto judicial.
El Cenidh también criticó que a los familiares de los procesados no se les permitiera estar presentes ni entregar alimentos a sus parientes. Los policías que custodian el lugar los «han corrido de forma hostil», denunció la institución.
