San Salvador (AFP) – La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este domingo que suspendió sus actividades de atención en zonas dominadas por pandillas en la periferia este de San Salvador luego de que una de sus ambulancias fuera atacada por un grupo armado, dejando dos lesionados.
El equipo compuesto por un médico y un auxiliar de enfermería conductor de la ambulancia «fue atacado y agredido por un grupo armado» pasadas las tres de la madrugada, mientras se dirigía a brindar atención médica en Reparto Las Cañas, en Ilopango, unos 7 km al este de San Salvador, declaró a la AFP el coordinador de MSF, Luis Romero.
«De momento, todas nuestras actividades médicas están suspendidas, pero no canceladas, hasta poder indagar al respecto y saber que nuestras intervenciones se puedan llevar a cabo en seguridad», comentó Romero.
Luego del incidente violento, el médico y el enfermero fueron auxiliados por otra unidad de MSF que les trasladó a un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
«Actualmente, nuestros compañeros se encuentran estables y se les está dando seguimiento médico», precisó Romero.
«Estamos indignados y tristes y hacemos un llamado a los actores armados (pandillas) y a la sociedad civil en general a respetar la misión médica. Nuestra acción es neutral, imparcial e independiente y brindamos ayuda a las personas en la hora de su mayor necesidad», subrayó el coordinador de MSF.
La organización MSF es una esperanza de atención médica para poblaciones que sufren la pandemia de covid-19 en áreas dominadas por pandillas criminales, a donde no llega la salud pública de El Salvador.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, que cerró 2020 con 1.322 homicidios, lo que significó un promedio de 20 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra menor respecto a 2019 y la más baja desde el fin de la guerra civil en 1992.
En 2019 acumuló 2.398 homicidios, 36 muertes por cada 100.000 habitantes.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión, el narcotráfico y otras actividades ilegales.
