Ginebra (AFP) – Una misión de la ONU que denunció en septiembre de 2020 crímenes de lesa humanidad en Venezuela alertó este miércoles sobre nuevas «detenciones arbitrarias», ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.
Marta Valiñas, presidenta de la la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano.
La misión «continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela», dijo Valiñas, esperando presentar «conclusiones sólidas» en septiembre de este año y en 2022.
Este grupo, constituido en 2019, determinó en septiembre pasado que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron desde 2014 en graves violaciones de los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.
El presidente Nicolás Maduro, que tachó entonces el informe como «plagado de falsedades», expresó el miércoles su «más firme rechazo a las falsas acusaciones» de la misión.
«Una vez más se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país», fustigó el texto difundido por la Cancillería, en el que «reitera su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos».
El embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, denunció más temprano un «circo mediático que pretende hacer de los derechos humanos un arma para continuar agrediendo el nombre de Venezuela en el mundo».
Valiñas señaló que su equipo entró «en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno».
Y destacó que la misión busca «información relacionada con los esfuerzos del gobierno para prevenir y remediar las violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los abusos».
«Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas».
«Represión continúa» –
Valiñas indicó no obstante que la «represión continúa (…) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno», alertando de «36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias».
«Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él», subrayó.
Dijo que investigarán «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas».
Señaló además que han «identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año», la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, que ya fue tachado de escuadrón de exterminio.
«También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos».
Valiñas alertó sobre nueve detenciones que «afectaron a periodistas», incluido Roland Carreño, preso en octubre pasado y acusado de «conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra».
Los periodistas en Venezuela, denunció, «han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados». «Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas».
«Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central», indicó Valiñas. «Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión».
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