Brasilia (AFP) – El ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, Sergio Moro, renunció este viernes a su cargo tras acusar al presidente Jair Bolsonaro de pretender interferir políticamente en las investigaciones policiales, sumiendo al gobierno en una nueva crisis en medio de la pandemia de coronavirus.
La salida de Moro, emblema de la lucha contra la corrupción tras comandar durante años la megaoperación Lava Jato, fue provocada por la determinación de Bolsonaro de destituir al jefe de la Policía Federal (PF), un órgano de investigación que depende del ministerio de Justicia pero que goza de autonomía.
«El presidente me dijo que quería colocar a una persona con quien tuviera contacto personal, a quien pudiese llamar, pedirle informaciones, informes de inteligencia (…) Prestar ese tipo de información no es el papel de la Policía Federal. Las investigaciones deben ser preservadas», denunció Moro en una conferencia de prensa en Brasilia.
También afirmó que Bolsonaro dijo estar «preocupado» con algunas investigaciones en curso y que esta era una de las razones por las que quería cambiar al titular de la PF, Mauricio Valeixo, nombrado por Moro.
El ahora exministro le advirtió al presidente que se trataba de un cambio injustificado y que implicaría una «interferencia política» en la institución, pero Bolsonaro siguió adelante con su plan.
«Este acto fue una señal de que el presidente me quiere fuera del cargo», añadió Moro, quien esperaba que Bolsonaro cumpliese su promesa de darle total libertad para nombrar a sus asesores, incluido el titular de la PF.
La renuncia de Moro, el ministro más popular de todo el gabinete, derrumbó la Bolsa de Sao Paulo un 8% y hundió la cotización del real, que se negociaba a un mínimo histórico de 5,70 reales por dólar.
Es el segundo ministro clave que sale del gobierno en las últimas semanas. El titular de Salud, Luiz Henrique Mandetta, cayó tras insistir en la necesidad de mantener medidas de cuarentena para enfrentar la pandemia de nuevo coronavirus, contrariando el parecer de Bolsonaro.
Discurso anticorrupción debilitado
En los bastidores, el cambio de director de la Policía Federal es visto como un intento de controlar investigaciones que cercan a su familia y a aliados políticos.
«Bolsonaro quiere protegerse. Cabe a la PF investigar sospechas de varios delitos que rondan el presidente, su familia y sus aliados», afirma el Sylvio Costa, fundador del sitio especializado en cobertura política Congresso em Foco.
En su discurso de renuncia, Moro no se refirió a ningún caso específico, pero dijo que no se registraron tentativas de injerencia similares ni siquiera en el auge de la operación Lava Jato, que se inició en 2014 bajo un gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Esa investigación develó un gigantesco esquema de corrupción entre políticos, empresarios y funcionarios de la estatal Petrobras y condujo a prisión a figuras empresariales y políticas de primer plano, como el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
Analistas señalan que la salida de Moro corona un proceso de «politización» de organismos gubernamentales que combaten la corrupción, pese al discurso de transparencia y honestidad que Bolsonaro preconizó durante la campaña electoral de 2018.
«Desde que asumió el gobierno [en enero de 2019], Bolsonaro ha intentado intervenir en una serie de organismos anticorrupción con el objetivo de aumentar su control sobre futuras investigaciones», apunta el analista Thomaz Favaro, de la consultora Control Risks.
Favaro señala como ejemplo el nombramiento del fiscal general, Augusto Aras, escogido por el presidente por fuera de la lista sugerida por los fiscales brasileños, una tradición que era respetada por todos los presidentes al menos desde 2003.
La salida de Moro «es una señal de una nueva y peligrosa fase para Brasil», porque «la autonomía de la Policía Federal (y el imperio de la ley) es un fundamento esencial de la gobernanza democrática», alerta Robert Muggah, director del instituto de investigación Igarape, de Rio de Janeiro.
Moro, que abandonó una carrera de juez de más de dos décadas para asumir un puesto en el gobierno, afirmó que además de querer preservar la autonomía de las instituciones, renunció para «preservar su biografía».