Lima (AFP) – La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público eligió este lunes a la procuradora Patricia Benavides en el cargo de fiscal general de Perú, convirtiéndose así en la encargada de dirigir la flamante investigación en contra del presidente Pedro Castillo por un caso de presunta corrupción.
«En una sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos eligió por unanimidad a Patricia Benavides Vargas como nueva fiscal de la Nación», anunció la institución en su cuenta de la red social Twitter.
La nueva fiscal jefe ejercerá el cargo por tres años y reemplaza a Pablo Sánchez, que desempeñó esa función en forma interina los dos últimos meses.
Entre las principales causas que deberá atender Benavides se encuentra la investigación a Castillo, iniciada a fines de mayo. Dicho caso marca un precedente en la justicia porque es la primera vez que un presidente es sometido a indagación durante su mandato.
La Fiscalía investiga al mandatario izquierdista, en el poder desde hace 11 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.
En la legislación peruana se impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la Fiscalía. El mandato de Castillo, un exmaestro rural de 52 años, culmina en julio de 2026.
Castillo acudió el viernes pasado a la Fiscalía, en Lima, por vez primera, donde declaró durante cuatro horas en presencia del entonces fiscal general Pablo Sánchez.
«Nos hemos dado todo el tiempo y toda la predisposición para responder todas las preguntas» de la Fiscalía, dijo el viernes el mandatario tras responder las preguntas.
«Estamos dispuestos a seguir respondiendo, porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo», añadió Castillo.
Se trata de la investigación sobre el consorcio «Puente Tarata III», la cual busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.
Cuatro investigados del entorno del presidente están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos. La Policía ofrece recompensas de entre 4.000 y 13.300 dólares por su detención.
