Bogotá (AFP) – Miles de personas manifestaron en diferentes ciudades de Colombia para exigir la renuncia del fiscal general, cuestionado por su papel en la trama de corrupción de Odebrecht.
Los asistentes encendieron sus linternas y alzaron banderas blancas en signo de protesta, en medio de pancartas que contenían las leyendas «Colombia necesita la renuncia del fiscal» y gritos de»¡fuera!» y «¡corrupto!», en las principales ciudades del país.
«Venimos a dar una voz de rechazo y una voz de apoyo a toda la gente que organizó esto, porque tenemos que demostrar que el pueblo no está callado. Estamos cansados de tanta corrupción, de que no haya justicia», dijo a la AFP Rafael Guerrero, administrador de empresas en sus cincuentas, durante una manifestación en Bogotá.
«Creo que la renuncia del fiscal es un aliciente para una fiscalía garantista e independiente», indicó el abogado Alejandro Michels, de 34 años, también en la capital colombiana
Ciudadanos se plantaron además ante las fiscalías de Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y Barranquilla (norte), entre otras capitales departamentales.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no se ha pronunciado respecto a las solicitudes de los ciudadanos que convocaron a la protesta en redes sociales.
Sectores políticos de oposición han pedido su renuncia desde diciembre pasado, por revelaciones periodísticas que lo vinculan al escándalo de corrupción de la multinacional brasileña en el país.
Las publicaciones sugirieron que Martínez conoció las irregularidades de la constructora cuando era abogado de Corficolombiana, socio de Odebrecht en el país, y que no denunció.
El fiscal descartó entonces su salida de la institución y se manifestó como víctima de una suerte de venganza por su «lucha» contra la corrupción.
Después de que tanto Martínez como la vicefiscal María Paulina Riveros se declararan impedidos para conocer los casos relacionados con Odebrecht, un fiscal especial, propuesto por el presidente y designado por la Corte Suprema de Justicia, asumió parte del expediente.
En 2016, la constructora brasileña reconoció ante la justicia estadounidense haber obtenido jugosos contratos mediante sobornos a políticos, en una práctica que siguió en 12 países, incluido Colombia.
Hasta el momento seis personas han sido condenadas por este escándalo en Colombia, donde se pagaron coimas por 32,5 millones de dólares.
El caso tomó un giro dramático tras la muerte el 8 de noviembre de Jorge Enrique Pizano, el auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para la construcción de la vía que comunicaría el centro con el norte del país.
Tres días después su hijo falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Ambas muertes están bajo investigación.
En las manifestaciones en Medellín, Cali y otras ciudades, manifestantes llevaban tarros de cianuro en cartón y botellas de agua alusivas a esas muertes.
