La Peñita (Panamá) (AFP) – Un niño atado a un palo, gente hacinada y restos de carpas incendiadas por una protesta forman parte del paisaje del principal campamento panameño para migrantes irregulares, varados por la pandemia de coronavirus en un clima creciente de crispación e incertidumbre.
En La Peñita, pequeña comunidad indígena en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia, donde se erige un albergue para migrantes, se respira angustia y desolación.
En ese poblado de 200 habitantes ahora deambulan por sus calles de tierra 1.500 migrantes, principalmente de Haití, Cuba, Bangladés, Nepal, Congo, Camerún e India.
La situación es tensa tras los incidentes registrados durante una reciente protesta de los migrantes para exigir que les dejen continuar su ruta hacia Estados Unidos y México, pese al cierre de las fronteras centroamericanas por la situación sanitaria.
«Estamos muy mal»
«Nosotros estamos muy mal aquí. Llevamos siete meses sin hacer nada, vivimos mal. No quiero vivir en Panamá, yo quiero ir a Costa Rica y seguir a México», clama ante la AFP la haitiana, Eveline Louima.
En La Peñita hay abundantes niños, bebes y mujeres embrazadas. Los extranjeros más afortunados habitan en tiendas de campaña, aunque de manera hacinada, mientras otros duermen a la intemperie, en medio de una gran humedad y tremendos aguaceros.
Los migrantes cocinan y se bañan al aire libre y casi nadie utiliza mascarilla, pese a la pandemia de la covid-19.
«Este no es un lugar para que estén los humanos», dice visiblemente alterado el haitiano Thomas Saint Louis, mientras señala unos herbazales que sirven de baño. «Son malas condiciones, vengan aquí y ayúdennos», solicita.
«Dormimos en el suelo durante casi 5 meses, con la lluvia, el sol y el calor. Tenemos una niña de un mes y medio y no tiene nada», lamenta el camerunés Paul.
«O los sacan o los sacamos»
«La situación ahora es un poco tensa», reconoce a la AFP el director del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega.
Según el funcionario, el pasado 1 de agosto un grupo de migrantes incendiaron carpas de Unicef, Cruz Roja y el Ministerio de Salud panameño con insumos y material de ayuda humanitaria.
Además, hubo siete autos destrozados, en unos disturbios que terminaron con 12 haitianos detenidos y provocó la ira de la población local.
«Necesitamos que nos ayuden, o los sacan o los sacamos porque ya no aguantamos más», advierte a la AFP Yasmin Valencia, pobladora panameña de La Peñita.
«Nosotros nos hallamos como si estuviéramos secuestrados porque no podemos salir a trabajar, no podemos dormir bien porque una piedrita que cae al techo nosotros estamos alerta ya», agrega su vecino, Cristino Olea.
Deportaciones a la vista
Según datos oficiales, en 2019 unas 24.000 personas cruzaron la inhóspita selva del Darién desde Colombia. Este año, más de 4.000 transitaron esta ruta pese al peligro.
De ellas, unas 2.500 quedaron estancadas en los cuatro campamentos levantados por el gobierno panameño para brindarles alimentación y servicios básicos, pero la situación se ha desbordado.
Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió apoyo internacional y exigió a Panamá tomar medidas para garantizar los derechos de los migrantes.
Antes de la pandemia un centenar de extranjeros eran enviados por las autoridades panameñas desde La Peñita hasta la frontera con Costa Rica, con el permiso de San José, para que siguieran su travesía.
Pero ahora «entre los migrantes hay miedo, desesperación, ansiedad porque ven que no pueden seguir», indica a la AFP el abogado de los haitianos detenidos, Daniel Charles.
Para evitar nuevas protestas y disturbios, el gobierno ya ha anunciado deportaciones para quien participe en actos violentos.
Según cuenta a la AFP, la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, se realizan gestiones para expulsar del país «a 280 personas aproximadamente».
«Comprendemos la situación en la que se encuentran estos migrantes, estamos cumpliendo con su atención y sus necesidades básicas, sin embargo, no podemos permitirles estos actos hostiles», enfatiza el ministro de Seguridad, Juan Pino.
«La situación está un poco compleja» por el cierre de fronteras, «pero estamos mediando entre los grupos para que no se llegue a la violencia», señala en tanto Maribel Peña, responsable de la Defensoría del Pueblo en Darién.
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