México (AFP) – El gobierno mexicano y los padres de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 anunciaron este jueves la reinstalación del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un nuevo intento por encontrar el paradero de los jóvenes.
El caso de los estudiantes del sureño pueblo de Ayotzinapa todavía perturba a México, donde la investigación oficial fue manchada por irregularidades y el gobierno se negó a renovar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE), que estuvo en el país investigando el caso durante un año para asegurar una indagatoria transparente.
Ahora, el mismo grupo de expertos retomará su investigación de 2015, en la que descartaba la llamada «verdad histórica» del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero.
«Con la reinstalación del GEIE, creo que tenemos esa institucionalidad fortalecida para poder caminar de manera más rápida en 2020», dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres, tras un encuentro que sostuvieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La reinstalación del grupo de expertos obedece a la propuesta enviada por la CIDH al gobierno mexicano en diciembre pasado, al considerar que los resultados de la investigación, hasta el momento, «han sido infructuosos».
La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones.
Pero fueron capturados por policías coludidos con el cártel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos. El caso desató indignación mundial.
El GIEI ha pedido investigar el trasiego de droga en autobuses de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques, así como la actuación de los militares esa noche.
A su llegada al poder, en diciembre de 2018, López Obrador creó una Comisión de la Verdad para este caso mientras la fiscalía general, que tras una reforma ahora es independiente del Ejecutivo, se comprometió a reiniciar la investigación desde cero.
En el encuentro, los padres y familiares de los estudiantes de Ayotzinapa pidieron al presidente izquierdista agilizar las indagatorias y reconocieron su apoyo como «padre de familia».
«El presidente tiene el sentimiento como padre, nos entiende como madres y padres de los 43, son seis Navidades que no sabemos nada de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los desaparecidos.
Rosales afirmó que en el proceso de identificación participa, como en 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y algunos restos podrían enviarse a la Universidad de Innsbruck en Austria para su análisis.
«En el mes de febrero y marzo se van a tener avances respecto a estas investigaciones», adelantó el abogado.
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