México (AFP) – Cuando Fernanda acudió al hospital por los dolores y el sangrado de un aborto en casa, una enfermera amenazó con denunciarla. Casos como este podrían quedar en el pasado en México, tras fallos judiciales que buscan despenalizar la interrupción del embarazo.
La joven de 22 años había tomado una píldora abortiva, pero una reacción adversa la obligó a buscar atención médica a riesgo de ser criminalizada, pues en su natal estado de Guanajuato (centro) el aborto solo está permitido en casos de violación.
La enfermera «me dijo que estaba mal, que no era consciente de lo que había hecho, que enfrentaría un proceso legal y podía terminar en la cárcel», cuenta a la AFP Fernanda García, aún aterrada.
Entonces intentó marcharse pero -según su versión- la mujer se negó a devolverle sus pertenencias. Como pudo, se las arrebató y huyó del lugar.
El pasado 7 de septiembre, un mes después de ese incidente, la Suprema Corte de México declaró inconstitucional castigar el aborto.
Aunque atañe a la nulidad de artículos del estado de Coahuila (norte) que sancionaban el aborto hasta con tres años de cárcel, la decisión sentó un precedente para que en los 32 estados del país se pueda acceder a este procedimiento sin ser judicializado.
México es un país federado donde los estados dictan sus leyes, pero estas pierden validez si contravienen fallos de la Corte que sientan jurisprudencia, como en el caso de Coahuila que deberá reformar su código penal.
La sentencia «me hizo sentir un poco de alivio, pero sigo muy ansiosa», relata García, quien asegura que el pánico a ser detenida le ha hecho pensar en el suicidio.
Objeción de conciencia –
El aborto está despenalizado hasta las 12 semanas en Ciudad de México y los estados de Oaxaca (sur), Veracruz (este) e Hidalgo (centro).
Sin embargo, el tribunal indicó que «es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta», es decir, que no se establece un plazo de determinadas semanas para interrumpir el embarazo.
Con el fallo, mujeres que residen en estados que penalizan este procedimiento podrán acceder a él mediante un recurso de amparo.
«Estoy muy agradecida de que sea legal aquí (en Ciudad de México), aunque sea inaccesible para algunas mujeres» en otros estados, comentó a la AFP Fátima Ramírez, quien puso fin a un embarazo no deseado hace nueve años, cuando tenía 15, con la tutoría de un adulto.
En la capital el aborto es gratuito en las clínicas de la alcaldía y se presta a mujeres de otros estados.
Pese a las nuevas normativas, en los primeros siete meses de 2021 se abrieron 432 investigaciones en México por casos de aborto ilegal, según datos oficiales.
Además, algunos médicos se rehúsan aún a esta práctica.
El pasado 20 de septiembre la Suprema Corte invalidó un artículo de la ley de salud que consagraba el derecho del personal de salud a la objeción de conciencia, por considerar que es impreciso y afecta los derechos de los pacientes en relación con el aborto seguro.
Ahora el Congreso deberá legislar al respecto.
«Debe haber una regulación que proteja el derecho del personal de salud, pero también que brinde seguridad jurídica a las usuarias para que no vean restringido su derecho», señala el constitucionalista Alex Alí Méndez.
«Favorecer la muerte» –
En México se han reportado casos de trabajadores de la salud que denuncian a las mujeres por haberse realizado abortos ilegales, provocando su detención. Los médicos «no deben dejar que su moral se los impida», opina Fernanda.
Los avances de la lucha feminista por los derechos reproductivos también han generado divisiones en un país donde los católicos representan 77% de la población, de 126 millones de habitantes.
La Iglesia católica rechazó los recientes fallos, al considerar que en México «la ley se encamina a favorecer la muerte antes que la vida».
Activistas coinciden en que la definición de un marco legal es ahora el reto.
«Sigue que estos 28 estados reformen sus códigos penales para eliminar el aborto y que puedan regularlo en la legislación sanitaria, reconocerlo como un servicio de salud como hizo Ciudad de México en 2007», observa Isabel Fulda, subdirectora de Gire, oenegé que promueve el derecho al aborto seguro.
En América Latina el aborto es legal en Uruguay, Cuba, Argentina y Guyana, mientras El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití no lo permiten bajo ninguna circunstancia.
En los demás países de la región solo está autorizado en casos de violación o de que la vida de la mujer corra peligro, o por inviabilidad del feto.
