Caracas (AFP) – «No pasó», decide el «VAR». No es un fallo arbitral en fútbol, sino la decisión de una comisión en un conglomerado radial en Venezuela, bautizada así por productores que deploran la autocensura.
Los medios de comunicación en este país, en el sótano de los índices internacionales de libertad de prensa, evalúan cada palabra que imprimen o sacan al aire para evitar sanciones, en un contexto de denuncias contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por impulsar políticas para callar al periodismo crítico.
«Se ha instaurado una máquina estructurada de censura», sostiene León Hernández, profesor universitario y coordinador del índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ubica a Venezuela en el último lugar del continente en cuanto a libertad de prensa.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia una política estatal de «hegemonía comunicacional» y «restricción de la información» en Venezuela, que se ubica en el lugar 159 entre los 180 países en su ranking.
En este «ecosistema mediático restringido», como lo califica Hernández, surgen medidas como el «VAR», como lo llaman periodistas de Unión Radio, uno de los mayores grupos radiales del país, en referencia al videoarbitraje en el fútbol.
«Autorregulación» –
«No puede salir nada al aire sin que el ‘VAR’ lo apruebe», dice a la AFP un productor de Unión Radio que pidió anonimato.
El ‘VAR’ consiste en un grupo en WhatsApp, el sistema de mensajería más usado en el país, que reúne a la plana mayor de la radio y evalúa temas a tratar y posibles entrevistados en cada programa.
Otros empleados confirmaron el mecanismo, aunque dicen buscar maneras creativas para colar asuntos sensibles.
Si bien hay lugar para reflejar secuelas de la crisis económica como el colapso de servicios públicos, el tema político es delicado, sobre todo si pone en entredicho la legitimidad de Maduro.
«El término usurpador o cualquier otra expresión similar como calificativo del gobierno actual o del presidente Maduro incita al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas», reza un papel en los estudios, que el moderador debe leer a invitados que cuestionen a las autoridades.
Nada relacionado con Juan Guaidó, opositor que desconoce a Maduro y que Estados Unidos y otros países consideran presidente, recibe luz verde del «VAR». Trabajadores relatan que analistas políticos y económicos e incluso actores o cantantes han sido vetados para evitar comentarios «peligrosos».
«En efecto existe un proceso de evaluación de pautas, temas e invitados», explicó a la AFP un directivo de Unión Radio bajo reserva, destacando los desafíos de la ley de medios vigente desde 2004. «Te obliga a ser tú quien te autorregules y evitar cualquier sanción, en una ley cuyo régimen sancionatorio es bastante amplio», desde multas hasta la revocatoria de permisos de transmisión.
La autoridad regulatoria envía con frecuencia «exhortos» a los medios, una especie de advertencia para que no repitan ciertos contenidos, según otra fuente del sector.
Más de 80% de las televisoras y emisoras de radio están en proceso de renovación de concesiones, y eso ha llevado a extremar los cuidados, añadió la fuente.
«Pagamos el precio» –
Medios críticos han perdido espacios en los 22 años de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Maduro.
RCTV, emblemática televisora, cerró en 2007 tras negársele la extensión de su concesión. Empresarios cercanos al chavismo compraron en 2013 el canal Globovisión, trinchera opositora hasta entonces, y el grupo editorial propietario de Últimas Noticias, el diario de mayor circulación. También adquirieron el centenario periódico El Universal, tradicionalmente conservador, en 2014.
Las líneas editoriales cambiaron drásticamente. «Ha habido episodios de autocensura y, por supuesto, eso genera descontento», dice una periodista televisiva que también pidió anonimato.
Tras un juicio por difamación, la justicia entregó en febrero pasado la sede del diario El Nacional al dirigente chavista Diosdado Cabello. El gobierno inauguró allí una universidad de comunicaciones.
Este medio, que aún es crítico y sobrevive en internet, había disminuido su operación por falta de papel periódico, cuya importación monopoliza el Estado.
«Pagamos el precio de no callarnos (…). No nos íbamos a doblegar», dice a la AFP el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero.
«Ofrecieron comprarnos», siguió. «Nos ofrecieron una cifra astronómica y la rechazamos».
Muchas voces opositoras quedan reducidas a redes sociales y medios digitales, blancos de bloqueos en la web. Por su parte, el gobierno dispone de un gigantesco aparato mediático que, asegura, enfrenta una «brutal guerra mediática» que busca la caída de Maduro.
«Laboratorios de tergiversación y engaño trabajan a un ritmo frenético en su afán de destruir a un país», dijo Barry Cartaya, presentador del canal estatal VTV, al recibir en junio pasado el Premio Nacional de Periodismo.
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