Managua (AFP) – La mayoría de los nicaragüenses considera que el país va por mal camino y que se necesita un cambio de timón para resolver la crisis causada por la represión a las protestas antigubernamentales, reveló una encuesta divulgada este miércoles.
De acuerdo con el estudio de la empresa CID-Gallup, 77% de los nicaragüenses percibe que el país «va por un rumbo equivocado», mientras que 12% cree que todo está bien, señala el sondeo efectuado del 7 al 21 de mayo pasado entre 1.205 personas y con margen de error de 2,83%.
Los resultados arrojan un aumento de la percepción negativa desde enero pasado, cuando 66% dijo que el país transitaba un mal camino, y un descenso de la valoración positiva, que en enero había sido de 21%, según la consulta publicada por el Nuevo Diario local.
El 34% dijo de los entrevistados afirmó que la crisis es el principal problema que enfrenta el país, 27% citó las dificultades para satisfacer las necesidades básicas del hogar y 14% el desempleo.
Para 41% de los consultados, Nicaragua volverá a la «normalidad» cuando el presidente Daniel Ortega deje el poder, mientras 35% consideró que será cuando se celebren nuevas elecciones. Un 12% opinó que la situación es normal.
Nicaragua vive una seria crisis desde que en abril del año pasado estallaron las protestas contra una reforma al seguro social, que se transformaron en una demanda de salida de Ortega debido a la represión, la cual dejó 325 muertos, centenares detenidos y 62.000 exiliados, según grupos humanitarios.
El 66% de la población duda que el diálogo entre el gobierno y la oposición dé resultados y cree que Ortega aceptó negociar solo para ganar tiempo y bloquear la propuesta opositora de adelantar los comicios del 2021.
Según el sondeo, 57% de los nicaragüenses apoya anticipar los comicios contra 48% en enero pasado.
La oposición y el gobierno reanudaron en febrero pasado el diálogo, pero las negociaciones se estancaron hace dos semanas tras la muerte de un opositor en la cárcel.
El gobierno se ha comprometido a liberar a todos los detenidos en las protestas y a restituir las libertades públicas, entre ellas el derecho a la protesta, pero la policía aún no autoriza manifestaciones disidentes y retiene a opositores detenidos.
