San Diego (Estados Unidos) (AFP) – Con más de 1.800 niños migrantes entregados a sus padres y 700 aún en custodia de las autoridades de Estados Unidos, un juez determinará si el gobierno Trump cumplió con la orden de su corte de reunir a las familias separadas en la frontera.
Este viernes se cumplió el plazo de un mes que dio el juez Dana Sabraw, de San Diego, para entregar estos menores a sus familias.
El Departamento de Justicia (DOJ) indicó la víspera que esperaba que todos los niños «considerados elegibles para reunificación» serían entregados a sus familias.
El balance corresponde a 2.551 niños de entre 5 y 17 años, de los cuales 1.820 salieron de los albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para ser entregados a sus padres o representantes.
De los 1.820, 1.420 fueron reunidos con sus padres en instalaciones de la policía migratoria ICE y 378 liberados en «otras circunstancias», como los entregados al padre u otro pariente en libertad.
Quedan 711 que fueron considerados «no elegibles» porque los vínculos familiares no pudieron ser confirmados, los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o bien no han sido localizados, o fueron deportados.
De hecho, según el DOJ, 431 padres fueron removidos del país sin sus niños.
Con estas cifras, Sabraw «podría determinar que el gobierno está en desacato, lo que no necesariamente aceleraría el proceso de reunificación», explicó Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes migratorias de la universidad de Cornell. O «podría creerle lo que dice (sobre) que está trabajando rápidamente y de buena fe para darle más tiempo».
La audiencia está prevista para las 13h30 locales (21h30 GMT).
– Reunificar y deportar –
Las polémicas separaciones comenzaron en mayo, en el marco de la política de «cero tolerancia» de Donald Trump, cuando los migrantes, la mayoría huyendo de la violencia de América Central, entraban al país por la frontera sur, ilegalmente o pidiendo asilo.
Eran detenidos y procesados en masa, mientras que los niños con los que venían eran enviados a albergues en todo el país.
Esa política levantó una ola de condenas dentro y fuera de Estados Unidos, que presionó al presidente a ponerle fin tras seis semanas y abrir un lento proceso de reunificación.
Si Sabraw considera que el gobierno no cumplió con el plazo, probablemente pida a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a la parte acusadora, que recomiende sobre alguna sanción.
Así ocurrió el 10 de julio cuando la administración incumplió el plazo para reunir a los menores de 5 años con sus familias: 45 de ellos fueron considerados «inelegibles».
«Queremos proponer soluciones que ayuden a mover el proceso más rápidamente de lo que se está moviendo hasta ahora», dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU en una conferencia telefónica con periodistas.
Entre las peticiones de ACLU, destaca la exigencia de un plazo de siete días desde la reunificación para que las familias puedan discutir su siguiente paso: si luchan por el asilo, si el adulto sale y el niño se queda, o si ambos aceptan ser deportados.
«El plan del gobierno es reunificarlos y removerlos, creemos incluso que el mismo día sin tiempo para ninguna discusión», indicó el abogado, que denunció que muchos migrantes firmaron, sin entenderlo, un confuso permiso para renunciar a la custodia de sus hijos y ser deportados solos.
La Asociación de abogados migratorios de Estados Unidos (AILA) exhortó por su parte al gobierno a que disponga lo necesario «para el regreso de los más de 400 padres deportados sin sus niños».
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en una entrevista con Fox News que tenía «la intención de reunir a todas las familias que podamos».
Pero ubicar a los padres que fueron deportados a México o América Central será una tarea larga y complicada. Gelernt dijo que ya comenzó un trabajo «detectivesco».
