Brasilia (AFP) – Los indígenas brasileños realizan a partir del miércoles en Brasilia la movilización anual por sus derechos, en un clima de fuerte tensión con el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, a quien ven como una amenaza a sus territorios ancestrales y al medioambiente.
El «Campamento Tierra Libre», que se realiza desde 2004, permanecerá hasta el viernes en la capital. La semana pasada, el ministro de Justicia, Sergio Moro, ordenó a la Fuerza Nacional (cuerpo de seguridad pública) reforzar la vigilancia de la Explanada de los Ministerios y de la Plaza de los Tres Poderes, que reúne las sedes del gobierno, del Congreso y de la corte suprema.
«El año 2019 comenzó en un contexto gravísimo», escribió la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) en su convocatoria al campamento, al que se prevé asistan unos 5.000 líderes indígenas de todo el país.
Bolsonaro envió hace dos semanas un mensaje que no es exactamente de bienvenida.
«Queremos lo mejor para el indígena brasileño, que es tan ser humano como cualquiera que está aquí (…), pero esa juerga va a dejar de existir en nuestro gobierno», afirmó el exmilitar, criticando la movilización por supuestamente usar fondos de los contribuyentes.
La lista de reclamos y denuncias de los pueblos originarios contra el gobierno es extensa.
Ni bien asumió el 1 de enero, Bolsonaro despojó a la Fundación Nacional del Indio (Funai) de sus atribuciones de demarcar tierras indígenas y otorgar licencias ambientales, dejando esas tareas en manos del ministerio de Agricultura dirigido por Tereza Cristina da Costa, exlíder de la bancada del agronegocio en la Cámara.
Y la Funai pasó de la órbita del ministerio de Justicia a la del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, dirigido por la expastora evangélica Damares Alves.
ONG, agrupaciones indígenas y reportes de prensa denuncian que las invasiones en tierras indígenas se han multiplicado en los últimos meses.
Según cifras oficiales, unos 800.000 indígenas de 305 etnias viven en Brasil, un país de 209 millones de habitantes.
La Constitución brasileña determina que esos pueblos tienen el derecho al usufructo exclusivo sobre las tierras que ocupan, pero la demarcación se ve amenazada por la tala ilegal, la expansión de la ganadería y el avance de la frontera agrícola.
Poco después de su elección, Bolsonaro apuntó a la continuidad de esa política. «¿Por qué mantener a los indígenas aislados en reservas, como los animales en un zoológico?», si «como nosotros quieren evolucionar, quieren tener médicos, dentistas, acceso a internet, viajar en avión», declaró.
– Seguridad reforzada –
El movimiento indígena ha comenzado a desplegarse a nivel internacional en su intento por frenar la ofensiva del gobierno, que pone en duda el cambio climático y ve a las ONG como una amenaza para la soberanía nacional.
En una carta abierta publicada el 10 de abril en el periódico francés Le Monde, trece representantes de pueblos aborígenes denunciaron las políticas ambientales de Bolsonaro.
«Desde hace cien días vivimos las premisas de un apocalipsis, del cual los pueblos indígenas son las principales víctimas», alertaron trece representantes de la Alianza de los Guardianes de la Madre Naturaleza.
«El gobierno quiere monopolizar el Amazonas entero, desangrarlo aún más construyendo nuevas carreteras y ferrocarriles», agregaron.
Moro ordenó movilizar a la Fuerza Nacional a pedido del jefe de Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, para «disuadir» actos de violencia de los manifestantes.
Una sospecha que indigna a la APIB.
«Nuestro campamento se realiza desde hace más de 15 años con carácter pacífico, buscando dar visibilidad a nuestras luchas cotidianas, siempre invisibilizadas por los poderosos», respondió la entidad en un comunicado.
«Si el general Augusto Heleno pretende disuadir el uso de la violencia, que se ocupe de los latifundios que avanzan sobre nuestros territorios y matan a nuestras familias», agregó.
