Río de Janeiro (AFP) – El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sigue preso, pero la confusión judicial que se produjo el domingo en torno a su posible liberación volvió a colocar al líder de la izquierda en el centro del debate electoral en Brasil.
El ‘timing’ era perfecto: dos días después de la eliminación de la Seleçao en la Copa del Mundo, los brasileños ya no estaban con la mente obnubilada por el fútbol y la política podía retomar sus derechos.
Y la defensa de Lula eligió precisamente el fin de semana en el que un juez supuestamente favorable a sus intereses estaba de guardia para presentar el enésimo pedido de Habeas Corpus a través de tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT).
El expresidente (2003-2010), que purga desde hace tres meses una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción, encabeza las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de octubre a pesar de que su candidatura tiene grandes chances de ser invalidada por la justicia electoral.
El domingo por la mañana, sin que nadie lo esperara, la noticia estalló como una bomba: el juez Rogerio Favreto, de la corte de apelaciones TRF4 de Porto Alegre (sur), ordenó liberar al ícono de la izquierda.
La prensa brasileña no pasó por alto que el magistrado fue miembro del PT durante cerca de 20 años y que trabajó en varias ocasiones como consejero del gobierno de Lula.
En un guión digno de telenovela, empezó un pulso de órdenes y contraórdenes entre Favreto y los jueces y fiscales que se oponen a la liberación de Lula.
Para poner fin a toda esa confusión, el presidente del TRF4 acabó decidiendo en la noche que Lula permanecería entre rejas.
Para los seguidores del exobrero metalúrgico, el entusiasmo pasó rápidamente a la cólera.
«¡Qué vergüenza para el sistema judicial brasileño! Vale todo para perjudicar a Lula y, en consecuencia, a la democracia y al pueblo brasileño», dijo la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.
– «Decisión política» –
Para numerosos juristas, la verdadera víctima de todo este enredo es el propio sistema judicial brasileño, cuya credibilidad quedó fuertemente en entredicho.
«La población brasileña no debería pagar el coste de la desmoralización de la justicia por una estrategia del PT», dijo a la AFP Ivar Hartmann, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.
La realidad es que Lula, sin salir de la prisión, volvió a centrar todos los focos del gigante latinoamericano.
Según el grupo de análisis Eurasia Group, el ruido alrededor de la situación legal del exmandatario, de 72 años, «refuerza la capacidad del PT de propagar la narrativa de la ‘persecución política’ y aumenta las posibilidades de ese partido de llegar al segundo turno» en las elecciones.
La confusión en torno a la posible liberación de Lula «tiene un impacto sobre la campaña y deja más incierto un escenario electoral sujeto a intervenciones inesperadas de la justicia», señaló el periódico económico Valor.
Muchos otros candidatos no esperaron a manifestarse.
El diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro, que lidera las intenciones de voto si Lula fuera impedido de presentarse, remarcó en un vídeo publicado en las redes sociales que la decisión del juez Favreto fue antes que nada política.
«En Brasil, la ideología es peor que la corrupción», denunció.
«Mantener a Lula o a cualquier otro ciudadano en prisión no puede ser una decisión política», comentó, de su lado, el candidato de centroderecha Geraldo Alckmin en Twitter.
La exministra ecologista Marina Silva, que segunda en las encuestas sin Lula, lamentó en un comunicado que el juez Favreto hubiese «provocado turbulencias políticas que ponen en duda la autoridad de las decisiones judiciales».
Para el analista Ivar Hartmann, el hecho de insistir en la persecución de Lula no es necesariamente la mejor estrategia a menos de tres meses de las elecciones.
«Predicaron sobre todo para los convencidos. No creo que los indecisos fueran convencidos por esta estrategia», concluyó.