Brasilia (AFP) – El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado el miércoles a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero, un fallo que podrá recurrir en libertad pero que amenaza su eventual candidatura a las elecciones de 2018.
Los abogados del exmandatario (2003-2010) anunciaron de inmediato que apelarán la sentencia «en todas las cortes imparciales, incluyendo las Naciones Unidas».
La condena contra el líder de la izquierda vuelve a sacudir a la mayor economía latinoamericana, sumida en una grave crisis que tiene al borde del abismo al actual mandatario, el conservador Michel Temer, también acusado de corrupción en una causa separada.
Lula fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El caso se inscribe en la Operación Lava Jato que reveló multimillonarios desvíos de fondos de la petrolera estatal hacia todo el arco político.
Lula, de 71 años, «podrá presentar su apelación en libertad», determinó el juez Sergio Moro, de Curitiba (sur), a cargo de esas investigaciones en la primera instancia.
Lula, que enfrenta otras cuatro causas penales, niega categóricamente los cargos y los atribuye a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018. En las encuestas, figura como gran favorito, pese a ser también uno de los políticos con mayor índice de rechazo.
Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en segunda instancia. Un proceso de apelación podría tardar un año en definirse, según fuentes que conocen la arena judicial en Curitiba.
El extenso expediente afirma además que Lula recibió 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) de manos de OAS y que esa suma es parte de «un esquema delictivo mayor, en el que el pago de sobornos era rutinario».
Moro también prohibió a Lula ejercer cargos públicos por 19 años, algo que debería ser confirmado o denegado en la segunda instancia.
– Lula, «sereno» pero «indignado» –
Lula se mostró «sereno» tras recibir la noticia, aunque sintió «una natural indignación, como cualquier persona condenada sin pruebas», dijo uno de sus abogados, Cristiano Zanin Martins.
La dirección del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó en un comunicado que la condena de su cofundador «representa un ataque a la democracia y a la Constitución».
«Ellos quieren dejar a Lula fuera de la carrera presidencial, y Lula lidera las encuestas», dijo otra de sus abogados, Valeska Zanin Martins.
Además, el PT relaciona la sentencia con una ofensiva destinada a «suprimir derechos sociales y laborales», un día después de que el Senado aprobara definitivamente una flexibilización de la legislación del trabajo.
«Queremos hacer manifestaciones de protesta en todo el país contra esta decisión política ajena a cualquier proceso legal», dijo el líder del PT en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini. «Saldremos a la calle».
© AFP Gustavo IZUS, Anella Reta
Varias centenas de personas se congregaron en la Avenida Paulista, de Sao Paulo, para expresar su apoyo al dirigente.
A pocas cuadras, frente a la poderosa Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo (FIESP), una veintena de adversarios de Lula celebraron la sentencia al grito de «¡Viva Sergio Moro!».
La polémica arreciaba las redes sociales. En Twitter, Lula llegó a convertirse en ‘trending topic’ mundial número 1.
«Lula, ladrón, robaste mi corazón», escribían con picardía cientos de seguidoras del exmandatario.
«Se hizo justicia. El mayor caradura de Brasil fue condenado», celebró en cambio el alcalde de Sao Paulo, el conservador Joao Doria, que suena con fuerza como candidato presidencial.
Los mercados también festejaron: la Bolsa de Sao Paulo subió un 1,57% y el real se fortaleció frente al dólar.
La sentencia fue vista por los inversores «como la posibilidad de que el PT [izquierda] no vuelva al gobernar en 2018, y eso les da una gran seguridad», Raimundo Magliano Neto, analista de Magliano Corretora.
– Temer, en la mira –
La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados discute un informe que recomienda encaminar a la corte suprema la denuncia por corrupción pasiva presentada contra Temer por la Fiscalía General.
El caso deberá ser luego sometido a voto del plenario y si llegara al Supremo Tribunal Federal (STF), y éste abriera un proceso formal, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de 180 días, en espera de un dictamen.
Sería la segunda sucesión presidencial desde mayo de 2016, cuando Temer, vicepresidente de Dilma Rousseff, la reemplazó por el ‘impeachment’ en el Congreso que destituyó a la mandataria izquierdista por manipulación de las cuentas públicas.
