Glasgow (AFP) – El presidente brasileño Jair Bolsonaro brilló por su ausencia en la COP26, y en cambio surgieron desde su país nuevos protagonistas, como la joven indígena Txai Suruí. Mientras tanto, los ganaderos y agricultores del gigante sudamericano se esforzaban en defender su caso.
Las conferencias sobre el cambio climático de la ONU son un escenario anual de duras negociaciones diplomáticas y discursos ecologistas dramáticos, pero junto a ese bullicio, decenas de países presentan en una enorme feria de pabellones de la COP26 sus progresos en materia medioambiental.
Allí la poderosa Confederación Agrícola y Ganadera brasileña considera que es parte de la solución, y no del problema.
«Es evidente que Brasil está empeñado en eliminar esta cuestión de la deforestación ilegal. Y es evidente que el crecimiento de la producción de alimentos en Brasil no está relacionada con la deforestación sino a la incorporación de nuevas tecnologías, al aumento de la productividad», declaró esta semana a la AFP el vicepresidente de la delegación de la CNA, Muni Lourenço Silva.
La deforestación de la Amazonia pasó de un promedio anual de 6.500 km2 en la década anterior, a alrededor de 10.000 km2 bajo la presidencia de Bolsonaro.
En 2019, un año especialmente alarmante por el número de incendios, la superficie quemada en todo el bioma amazónico se duplicó respecto a 2012, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) brasileño.
Pero para Rafael de Oliveira Silva, profesor de la Universidad de Edimburgo, esos datos esconden una realidad compleja.
«Si miras los datos de pastos, no han incrementado. La deforestación ocurre por muchas razones, como la minería, la especulación de la tierra», explicó en entrevista con la AFP, tras una presentación en el pabellón brasileño.
«La mayoría de la deforestación ocurre en tierras privadas» en la Amazonia, asegura este experto, con datos oficiales en la mano.
El Código Forestal brasileño obliga al propietario a preservar el 80% de sus tierras. En otras palabras, no tiene el derecho a quemarlas para plantar o hacer pastar al ganado.
Pero las ‘queimadas’ siguen ocurriendo en esas zonas. «Aproximadamente el 50% de la tierra, una vez deforestada, es simplemente abandonada. Básicamente es especulación. Esperan venderla», declara Oliveira.
«A veces no les funciona, a veces interviene la ley y ya no pueden utilizar la tierra», que yace entonces yerma, explica.
«Esta cuestión de la deforestación no puede basarse solamente en el castigo, que es importante. También es muy importante otras políticas públicas, como la regularización de las tierras», explica Muni Lourenço.
La visión indígena –
Txai Suruí, del estado de Rondonia, denunció a la AFP una situación radicalmente diferente. Invasiones de terrenos para el ganado, acoso y asesinatos de activistas medioambientales.
«El gobierno brasileño practica una política asesina», declaró a la AFP.
Son dos países radicalmente diferentes los que se exhibieron en la COP26.
La CNA presentó el caso de la hacienda Santa Barbara, en el sur del país. Allí se plantan eucaliptos, las vacas pacen tranquilamente a la sombra, la producción de leche aumenta y no hay necesidad de quemar nada.
Si alguna medida hay que tomar, pide con firmeza Muni Lourenço, son ayudas del exterior, pero para garantizar la sostenibilidad de todo ese complejo ecosistema.
«Esto está siendo discutido aquí en la COP26: fondos que puedan apoyar la aceleración de ese proceso. Masificar la asistencia técnica, pagos por servicios ambientales», explica.
Las organizaciones indígenas, las oenegés, aseguran que son ellas los que deben recibir esas ayudas, puesto que, con datos también en la mano, son las que preservan en su integralidad la selva amazónica.
El gobierno de Bolsonaro anunció en Glasgow que está dispuesto a acabar con la deforestación en 2028, dos años antes de lo previsto.
«En esta conferencia tenemos un concepto interesante, las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y nosotros tenemos diferentes partes dentro de Brasil. Tenemos nuestra propia conferencia de partes. Tantas regiones, tantos biomas diferentes, niveles de desarrollo… Casi un montón de países diferentes», declaró a la AFP Marcelo Freire, viceministro de Medio Ambiente.
