Bogotá (AFP) – Partidaria de la mano dura contra el narcotráfico, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ocultó por décadas que su hermano estuvo preso por ese delito en Estados Unidos avivando una tormenta que empezó en plena pandemia, cuando una empresa suya terminó enredada con un narco.

La primera mujer en ocupar el segundo mayor cargo de Colombia ha pasado buena parte de la emergencia del nuevo coronavirus defendiéndose de revelaciones periodísticas que paradójicamente la relacionan con la actividad que más ha condenado en su larga vida pública.

Hermano narco

Junio 11. El portal La Nueva Prensa destapó uno de los secretos mejor guardados en torno a Ramírez. Su hermano Bernardo fue condenado en 1997 a casi cinco años de prisión por traficar heroína de Aruba a Miami (EEUU).

El hombre lideró una operación en la que dos personas tragaron cápsulas de heroína y la transportaron en sus estómagos.

La actual vicepresidenta y su esposo pagaron la fianza de 150.000 dólares, según reveló el sitio.

A raíz de la divulgación del reportaje, Ramírez se vio obligada a aceptar el caso que no había trascendido públicamente aunque matizó que había informado de los hechos a quienes «debían conocerlos» en distintos momentos de su vida laboral.

«Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza», indicó en un comunicado el jueves.

La excandidata presidencial recibió el respaldo del presidente Iván Duque y de los exmandatarios Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-10), en cuyos gobiernos fue ministra de Comercio Exterior y de Defensa, respectivamente.

«La señora vicepresidenta ha sido una mujer muy eficaz y totalmente transparente», dijo Uribe a la emisora La FM.

Pero el líder opositor Gustavo Petro exigió su renuncia por sus supuestas relaciones con narcos y por pagar por la «liberación» de un narcotraficante.

El escándalo es tendencia en Colombia. Políticos y analistas debaten sobre el manejo que dio Ramírez a la situación, y muchos destacan una «doble moral» de una mujer que ha dicho que «todos» los narcotraficantes son «malos y hay que reprobarlos».

«Es un derecho de la ciudadanía conocer la trayectoria de sus dirigentes, quiénes los rodean y en qué episodios puede haberse visto involucrado. Es una cuestión ética y de transparencia», dijo Juan Cárdenas, experto en comunicación política de la Universidad de La Sabana.

Ramírez, de 65 años, aseguró que su hermano menor «lleva una vida decente y honrada» tras haber salido de prisión y consideró la publicación parte de una «estrategia sistemática» para desacreditarla.

‘Memo fantasma’

En marzo, cuando el gobierno empezaba a lidiar con la emergencia sanitaria por la covid-19, InSight Crime, un centro de investigación sobre el crimen organizado en las Américas, publicó un informe sobre el narcoparamilitar colombiano ‘Memo fantasma’.

El hombre se infiltró en la élite con la identidad del adinerado empresario Guillermo León Acevedo, pero en realidad se trata de un narco de Medellín y miembro de una desaparecida organización paramilitar de ultraderecha.

Pese a su prontuario no ha sido juzgado por las autoridades colombianas en casi 30 años. Actualmente está libre en Madrid.

InSight Crime sostiene que la vicepresidenta dio una carta de recomendación para que los hijos de ‘Memo fantasma’ ingresaran a uno de los colegios más exclusivos de Bogotá y una empresa a nombre suyo, de su esposo e hija trabajó con él en un proyecto inmobiliario en el norte de la capital a mediados de la década del 2000.

En su momento, llorando, Ramírez negó conocer a Acevedo y dijo que el negocio, en el que el presunto narco les cedió un lote a cambio de ganancias una vez terminado el proyecto, lo realizó la empresa de su marido. Su esposo fue llamado a declarar en la fiscalía.

También aseguró, en entrevista con W Radio, que «aparentemente» las denuncias de InSight Crime sobre las actividades criminales de Acevedo son ciertas.

«Lo que más quisiera yo es que avance esta investigación para que este señor (…) realmente se pueda conocer por la justicia», sostuvo.

Para el analista Cárdenas, las denuncias en contra de Ramírez abren «una grieta muy fuerte a su credibilidad y la legitimidad de su imagen pública y trayectoria política, construida en parte por su participación en el sector defensa y la política antinarcóticos».

Ramírez se ha definido como una luchadora contra el estigma que carga Colombia por cuenta del legado del narcotráfico.

Además ha sido una de las mayores críticas contra el acuerdo de paz de 2016 entre la exguerrilla FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, porque según ella suponía una claudicación frente al terrorismo y el narcotráfico.

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