Miami (AFP) – Davion y María no podrán votar en Estados Unidos. Ambos cumplieron una pena de cárcel, pero aún deben multas impagables. Y, debido una nueva ley de Florida que afecta sobre todo a las minorías, no pueden gozar de uno de los derechos más básicos de un ciudadano: el sufragio.

Davion Hampton fue condenado en 2008 a 36 meses de prisión por traficar cocaína. Hace años cumplió su sentencia, pero salió de prisión con una multa de 52.500 dólares, con intereses.

«He estado pagando durante casi 10 años y todavía debo 46.000», cuenta este afroamericano de 42 años en un parque en Sanford, en el centro de Florida.

En virtud de una ley de 2019 firmada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis -un aliado del presidente Donald Trump-, los exconvictos están obligados a pagar todas las multas, tarifas e indemnizaciones que deben al estado para registrarse para votar.

«Me encantaría recuperar el poder del voto», dice a la AFP. «Me daría una sensación de seguridad, me permitiría sentirme humano, que soy un ciudadano de Estados Unidos de América. Es mi derecho».

Tampoco va a votar María Aurora Estévez, una cubanoamericana de Miami que tiene una deuda con el estado de 500.000 dólares, después de haber salido de prisión en 2007 tras dos años de condena por fraude.

«Me quitaron ese derecho», lamenta la mujer, de 64 años y ciega de un ojo.

Le descuentan el 15% de su salario mensual de 800 dólares en un restaurante de comida rápida y apenas consigue poner pan en la mesa, mucho menos pagar al fisco medio millón de dólares.

Están en esta misma situación cerca de 775.000 floridanos que ya cumplieron sus condenas, una población compuesta sobre todo por personas de bajos recursos.

«Ataque a la democracia»

El problema no es reciente.

Hace 150 años, una ley diseñada para impedir el voto a los esclavos recién liberados suprimió el sufragio para siempre a los exconvictos.

En 2018, los floridanos votaron a favor de la Enmienda 4, que les restituyó el derecho al voto sin condiciones a 1,4 millones de personas que ya habían cumplido sus sentencias, excepto si habían cometido violación o asesinato.

Pero, al año siguiente, DeSantis firmó una ley que les suprimió el voto a menos que pagaran sus deudas monetarias. Si bien fue luego considerada inconstitucional por un juez federal de Florida, la medida fue validada en septiembre por una corte de apelaciones.

Florida, con 14 millones de electores, es un estado políticamente clave. Aporta 29 votos electorales de los 270 necesarios para ganar y el resultado suele dirimirse por unos miles de votos. Esto quiere decir que la ley de DeSantis tendrá un impacto importante en los resultados del 3 de noviembre.

La ley afecta de forma desproporcionada a electores hispanos y afroamericanos, que tienden a votar demócrata.

Para los activistas de derechos humanos, es un ejemplo flagrante de supresión del voto de las minorías.

«Esto no es solo un ataque contra los negros, o los hispanos, este es un ataque deliberado contra la democracia que queremos en este país», dijo recientemente Desmond Meade, presidente de la Coalición por la Restauración de los Derechos en Florida (FRRC), que defiende el voto de los «ciudadanos retornados» de Florida.

El grupo llamó a marchar a las urnas el 24 de octubre, el día que inicia la votación anticipada en este estado del sureste.

El argumento de los legisladores republicanos es que un exconvicto no cumple su condena hasta que termina de pagar también las deudas económicas.

¿Comprando votos?

Tras la validación de la ley, el multimillonario Michael Bloomberg, quien hace campaña por el demócrata Joe Biden, ayudó a recaudar 16 millones de dólares para pagar las multas y tarifas de los exconvictos floridanos.

También donaron celebridades como el cantante John Legend, los basquetbolistas LeBron James y Michael Jordan y el cineasta Steven Spielberg, para alcanzar un total de 20 millones de dólares, según la FRRC.

Consultada por la AFP, la FRRC no estaba en condiciones de informar aún cuántos exconvictos pagaron sus deudas gracias a las donaciones.

La fiscal general de Florida, la republicana Ashley Moody, ordenó al FBI y a la policía de Florida investigar a Bloomberg por «potenciales violaciones a las leyes electorales».

También el congresista por Florida Matt Gaetz, un fiel seguidor de Trump, denunció a Bloomberg por lo que según él fue una compra de votos.

Pero, para Hampton, estas reacciones «revelaron la raíz del problema».

Los republicanos «piensan que [las donaciones] están comprando votos demócratas, y que si los ciudadanos retornados pueden votar habrá más votos demócratas que republicanos», dice.

«Pero necesitamos que nos cuenten, es tan simple como eso, porque pagamos impuestos igual que todo el mundo».

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