Los Ángeles (California).- En un histórico acuerdo, la ciudad de Los Ángeles se comprometió a pagar $38.2 millones para resolver las acusaciones de que incumplió, a sabiendas, los requisitos de accesibilidad federal en sus programas de vivienda asequible.
Este arreglo surge de las alegaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, donde se señaló que la ciudad no adecuó sus edificaciones multifamiliares financiadas con fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para personas con discapacidades.
El caso, que lleva gestándose varios años, culmina con un fuerte mensaje hacia las administraciones que manejan fondos federales. Según el Fiscal General Adjunto Principal, Brian M. Boynton, «este acuerdo refleja el compromiso de hacer responsables a las jurisdicciones que no respetan las normativas de accesibilidad en viviendas asequibles».
Los Ángeles, al igual que otras ciudades beneficiarias de los fondos de HUD, tiene la obligación de seguir las leyes federales de accesibilidad, como la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Estas disposiciones exigen que un porcentaje de las unidades habitacionales esté adaptado para personas con discapacidades físicas y sensoriales, un mandato presuntamente ignorado por la administración local en múltiples proyectos durante más de una década.
La intervención de Estados Unidos en 2017, apoyando la denuncia iniciada por un ciudadano de Los Ángeles en silla de ruedas y el Consejo de Vivienda Justa del Valle de San Fernando, marcó un punto de inflexión. La denuncia original describía múltiples fallos estructurales, como pendientes excesivas y mostradores demasiado altos, que impedían la accesibilidad efectiva.
La investigación federal reveló que la ciudad no solo falló en adaptar las propiedades, sino que también carecía de un registro público de unidades accesibles, contraviniendo otra exigencia federal. Según el inspector general Rae Oliver Davis de HUD, «la falta de cumplimiento no solo discriminó a personas con discapacidades, sino que desvirtuó la integridad de los programas de HUD».
A pesar de que las acusaciones resueltas son solo alegaciones y no se ha determinado responsabilidad final, el acuerdo implica una oportunidad para reenfocar esfuerzos hacia la inclusión y accesibilidad.
Damon Smith, asesor general de HUD, enfatizó la importancia del acuerdo como punto de partida para futuras colaboraciones que garanticen el cumplimiento de las normas y la protección de los derechos de las personas con discapacidades en Los Ángeles.
Este caso también subraya el papel crítico de la Ley de Reclamaciones Falsas, que permite a ciudadanos actuar en nombre del gobierno federal en la detección de fraudes y malas prácticas en la gestión de fondos públicos.
El impacto de este litigio, llevado por un equipo de abogados federales y especialistas en fraudes, no solo se mide en términos monetarios, sino también en el avance hacia una sociedad más justa y equitativa.
Aún resta por determinar la compensación que recibirán los denunciantes privados en este acuerdo, pero el precedente ya está establecido. Los Ángeles ahora enfrenta el desafío de redimir su sistema de vivienda asequible, garantizando no solo su accesibilidad sino también la transparencia y la justicia en su administración.
