Ciudad de Guatemala (AFP) – La libertad de prensa en Guatemala está en jaque en pleno proceso electoral tras un fallo judicial que prohíbe a un periódico publicar información sobre la candidata presidencial Sandra Torres, una resolución que provocó una ola de críticas.
Amparada en la ley de femicidio, cuya finalidad es prevenir la violencia en todas sus formas contra la mujer, Torres logró que una sala de apelaciones la ampara y prohibiera al diario El Periódico hacer cualquier tipo de publicación sobre ella.
Acogerse a esa ley ha provocado el rechazo de distintos gremios periodísticos, grupos sociales, entes internacionales el ombudsman local, Jordán Rodas, quienes tildan a Torres de poco tolerante y arbitraria.
La candidata basó su demanda en las «conductas de odio» generadas hacia ella y su familia por «las descalificaciones, ataques sin pruebas y ofensas deliberadas» proferidas «de manera sistemática» en El Periódico.
El diario ha sido crítica con ella y denunció un supuesto financiamiento electoral ilegal cuando participó en las elecciones de 2015, en las que quedó en segundo lugar.
El Periódico publicó además que Torres era quien realmente gobernaba cuando era esposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). La presidenciable se divorció en 2011 para postularse ese mismo año, pero su inscripción fue negada.
En febrero, la candidata interpuso una denuncia ante el juzgado de femicidio contra seis editores del matutino El Periódico, pero la misma fue rechazada y archivada al considerar que no encuadraba en esa normativa, sino tendría que ser encausada bajo la ley de libre emisión del pensamiento.
La presidenciable apeló la resolución que esta semana se resolvió a su favor y prohibió al diario hacer cualquier publicación sobre la política.
Torres, candidata de la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es la favorita en las encuestas para ganar los comicios el 16 de junio.
En un comunicado emitido el viernes, afirmó que está a favor de garantizar y proteger el trabajo periodístico y garantizó su «compromiso total por defender la libertad de expresión, pero siempre en un marco de civilidad, ética y respeto a la dignidad humana».
– Víctima no es –
El coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, Edie Cux, dijo a la AFP que Torres se aleja de ser una víctima con esta medida, al contrario, confirma su carácter «autoritario».
«El papel de víctima no le va a esta señora. La ley de femicidio se aplica a víctimas de la violencia y que esté en peligro su vida, algo que en este caso no sucede», lamentó.
Para Cux la resolución no está apegada a las leyes guatemaltecas, ni a ley de femicidio. Es contraria a la Constitución y por eso habrá que iniciar una investigación para deducir responsabilidades a los tres jueces.
Asimismo, afirmó que se está sentando un «precedente nefasto» y con esa acción Torres está «manifestando su figura autoritaria antes de ganar la presidencia. Si llegara a ganar la libertad de prensa estaría en grave riesgo».
El politólogo independiente Renzo Rosal coincide con Cux al calificar el fallo «de nefasto y terrible».
«El fallo se da en el marco de este caótico proceso electoral (…), y ahora Torres privilegia medidas de defensa para sentirse intocable, por eso le está cayendo durísimo por su cerradez mental y pésima estrategia de su equipo», aseguró.
Rosal calificó como una «aberración que los jueces accedan a favor de semejante petición» que pone en peligro la libertad de prensa en el país.
«Sería nefasto para el país un presidente que no respete la libertad de expresión y que utilice leyes creadas con otros fines para limitar esa libertad», advirtió el vicepresidente de la cámara de medios, Alejandro Sandoval, sobre la posibilidad de que Torres llegue al poder y siga con esas prácticas.
Para la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), la acción de Torres pretende acallar las críticas, obstruir la justicia y limitar la libertad de expresión.
En el plano internacional, se las críticas llegaron de la Sociedad Interamericana de Prensa y el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien calificó el hecho de «grave»
