San Salvador (AFP) – Un tribunal de El Salvador concedió este lunes libertad condicional anticipada al coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides, quien cumplía una condena de 30 años por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989 durante la guerra civil (1980-1992).
«Hubo un otorgamiento de parte de la jueza de otorgar el beneficio de libertad condicional anticipada a favor de mi cliente (coronel Benavides)», declaró a la prensa local el abogado defensor David Campos.
Un juzgado de vigilancia penitenciaria estableció que la medida fue tomada porque el reo cumplió más de 60 años y en octubre purgó un tercio de la condena a 30 años, explicó Campos.
Benavides, de 77 años, es el único militar que fue encarcelado en El Salvador por el crimen que conmovió a la comunidad internacional.
El sábado, la comunidad jesuita y centenares de salvadoreños en una emotiva y colorida procesión de farolitos demandaron conocer la «verdad» del asesinato.
«La verdad es un derecho del pueblo de saber quiénes fueron los que cometieron estos atroces crímenes (de los sacerdotes y las mujeres) y por qué los cometieron para que no se vuelvan a repetir», declaró a la AFP el rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), el sacerdote Andreu Oliva.
Bajo el lema «Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece», la UCA inició el sábado los actos conmemorativos al 33 aniversario del crimen que cerrará el miércoles con una misa en el campus.
En medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron el múltiple crimen en el campus de la UCA.
Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina.
En septiembre de 1991, un tribunal juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios.
En ese juicio, solo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.
Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la amnistía en 2016.
Con la firma de acuerdos de paz gobierno-guerrilla izquierdista, el 16 de enero de 1992 finalizó la guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.
