México (AFP) – Dos activistas defensores de migrantes fueron liberados en México después de que un juez desestimara acusaciones de tráfico de personas en su contra, pero la fiscalía mexicana informó que buscará revertir el fallo sobre uno de ellos.
El magistrado que llevó el caso «decidió no vincular a proceso» a Cristóbal Sánchez y a Irineo Mujica, informó la organización Pueblo Sin Fronteras, en la que colaboran los activistas y que ha ayudado a organizar las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan México hacia Estados Unidos.
Sin embargo, horas después de la decisión del juez, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que objetará en los próximos tres días la sentencia que liberó a Mujica, quien ya contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez federal.
«Lo anterior se realizará en razón de que las pruebas de descargo que presentó el imputado, de ninguna manera lo exculpan de su responsabilidad en los delitos de los que fue acusado», señaló la FGR en un comunicado.
El ministerio público añadió que cuenta con «pruebas contundentes» que involucran a Mujica «con toda certeza en los hechos referidos», indicó, en alusión al cargo de tráfico de personas.
El grupo Pueblo Sin Fronteras había dicho más temprano, en un comunicado, que seguía muy preocupado «por la campaña de criminalización en contra de personas migrantes y defensores de derechos humanos», en un contexto de presión política del gobierno estadounidense.
Tras su liberación, Sánchez se denominó a él y a Mujica «los primeros presos políticos de la ‘Cuarta Transformación'», frase que el presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, acuñó para referirse a su proyecto de gobierno.
«El sector que más ha sido golpeado por esta transformación han sido precisamente los migrantes», dijo el activista en conferencia de prensa.
Por su parte, Mujica señaló: «Si se siguen inventando delitos, si se siguen haciendo este tipo de corrupción, no tenemos realmente una Cuarta Transformación».
Ambos habían sido detenidos la semana pasada, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México por el creciente flujo migratorio irregular.
La liberación de los activistas, que han acompañado a caravanas de centroamericanos que huyen de la violencia y pobreza de sus países, tuvo lugar después de que el viernes los gobiernos de ambos países llegaran a un acuerdo migratorio para evitar los aranceles.
México se comprometió a enviar a 6.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para reducir el paso de indocumentados en un lapso de 45 días, y a expandir su política de acoger a los migrantes centroamericanos mientras Estados Unidos procesa sus peticiones de asilo.
