Washington (DC)- La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha recordado a todos los extranjeros que se encuentran en el país desde hace más de 30 días que el plazo para registrarse conforme a la Ley de Registro de Extranjeros finaliza este viernes 11 de abril.
La medida, reactivada por una orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump el pasado 20 de enero de 2025, forma parte de una ofensiva nacional para reforzar el control migratorio y la seguridad interna. Según la administración, el incumplimiento de este registro constituirá un delito que puede acarrear multas, penas de prisión o ambas.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, fue contundente al emitir el aviso.
«El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora. Si se van ahora, pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano».
Noem agregó que la administración no seleccionará qué leyes aplicar y que «debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses».
La Ley de Registro de Extranjeros, promulgada originalmente en 1940 pero largamente ignorada en la práctica reciente, ha sido revivida como una herramienta clave en la implementación de la Orden Ejecutiva 14159, firmada por Trump bajo el título «Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión».
La normativa exige que todos los no ciudadanos que permanezcan en territorio estadounidense durante más de 30 días se registren formalmente con el gobierno federal. Esto aplica sin excepción al estatus migratorio de cada individuo.
A partir del 11 de abril de 2025, todos los extranjeros presentes en Estados Unidos deberán tener prueba de registro. Los que ingresen después de esta fecha tendrán un plazo de 30 días para registrarse. Además, los menores que cumplan 14 años deberán volver a registrarse y someterse a la toma de huellas dactilares, incluso si ya habían sido registrados por sus padres o tutores.
Todos los no ciudadanos mayores de 18 años deberán portar en todo momento la documentación oficial que pruebe su registro.
Esta política ha desatado una reacción vehemente por parte de organizaciones de derechos civiles y defensores de la comunidad inmigrante.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), con sede en Los Ángeles, ha advertido que esta medida representa una «herramienta peligrosa» para identificar y deportar a familias enteras. Según Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, «el proceso de registro de inmigrantes no ciudadanos es una redada masiva y una extensión de la campaña de alarmismo de la Administración Trump».
Salas aseguró que esta política obliga a los inmigrantes a una «elección intolerable»: registrarse y exponerse a la detención y deportación, o no registrarse y enfrentarse a ser criminalizados y procesados penalmente. CHIRLA ha instado a las personas afectadas a buscar asesoría legal con abogados de inmigración o con organizaciones comunitarias confiables antes de tomar una decisión.
Para la organización, esta medida no solo viola derechos fundamentales, sino que además promueve un clima de miedo, persecución y división social.
«El registro establece una nación de ‘enséñame tus papeles’ que prepara el terreno para la elaboración de perfiles raciales tanto de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses», afirmó Salas. Según CHIRLA, se trata de una estrategia coordinada entre distintas agencias federales para criminalizar y desarraigar a los inmigrantes.
Los antecedentes históricos de esta ley han sido también un punto de crítica. Desde su creación durante la Segunda Guerra Mundial, la Ley de Registro ha sido utilizada para controlar poblaciones específicas, incluyendo a chinos, japoneses, musulmanes y comunidades indocumentadas.
Activistas han recordado que en el pasado estas prácticas terminaron en internamientos masivos, deportaciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de derechos civiles.
En contraste, la administración Trump ha defendido la medida como una forma de «restablecer el orden y la responsabilidad» en el sistema migratorio, argumentando que es fundamental para la seguridad nacional.
No obstante, muchos expertos en derechos humanos y académicos advierten que este enfoque podría provocar un colapso en la confianza entre las comunidades inmigrantes y las instituciones gubernamentales, además de dificultar el acceso a servicios básicos y fomentar el aislamiento social.
