Santiago (AFP) – Las heridas que dejó el golpe militar en Chile, del que este martes se cumplen 45 años, siguen sin cicatrizar. Las Fuerzas Armadas se resisten a abrir sus archivos y el poder económico y político de los defensores de la dictadura siguen presentes mientras las víctimas reclaman justicia.
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas perpetraron el golpe militar que acabó en el suicidio del presidente socialista Salvador Allende en el bombardeado palacio de La Moneda.
De esa forma se ponía fin al gobierno de la Unidad Popular, la primera coalición marxista que fue elegida en las urnas en América Latina.
La polarización de la sociedad, la dura crisis económica y la injerencia de Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría abonaron el terreno para el éxito del golpe que dio paso a 17 años de cruenta dictadura del general Augusto Pinochet, con más de 3.200 muertos y unos 38.000 torturados, entre ellos, la expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Señal de que las heridas siguen abiertas, en los actos conmemorativos de este martes, el presidente Sebastián Piñera, un antipinochetista declarado, solo invitó a sus ministros, mientras la izquierda por su lado realizaba una ofrenda floral ante una de las puertas laterales del palacio de gobierno, por la que sacaron el cuerpo de Allende tras el golpe militar.
Piñera instó a los chilenos a «aprender de la historia» para no cometer «los mismos errores» que llevaron al golpe militar tras dejar claro que «ningún contexto va a justificar los graves atropellos a los derechos humanos» que perpetró el régimen militar.
La decisión de tres jueces de la Corte Suprema de conceder la libertad a siete violadores de los derechos humanos en la dictadura de Pinochet (1973-1990) el pasado julio ha puesto en pie de guerra a familiares de las víctimas y a políticos de izquierda, que han presentado una acusación constitucional por «notable abandono de deberes», al considerar que los magistrados incumplieron las normas establecidas por la comunidad internacional para los delitos de lesa humanidad.
La Cámara de Diputados se pronunciará este viernes sobre la suerte de los tres magistrados, cuya decisión ha suscitado un enfrentamiento sin precedentes en los casi 30 años desde la recuperación de la democracia entre el poder Legislativo y el Judicial.
En agosto, el ministro de Cultura Mauricio Rojas tuvo que dimitir cuatro días después de asumir el cargo por calificar de «montaje» el Museo de la Memoria -que recuerda a las víctimas de la dictadura.
– Causas abiertas –
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, asegura a la AFP que hay más de 1.500 causas abiertas sin que las Fuerzas Armadas hayan dado respuesta.
Y es que en aras de pasar página a este periodo negro, Lira considera que la Concertación, coalición de centroizquierda que asumió el poder en 1990, «negoció la democracia con Pinochet».
El dictador, que murió en diciembre de 2006 sin ser condenado, se mantuvo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y después fue senador vitalicio.
«Eso y el poder de la derecha, cómplice de la dictadura, hacen que se arrastre una vergonzosa situación política hasta hoy día», dice a la AFP.
La cárcel de Punta Peuco, donde purgan penas en condiciones privilegiadas los condenados por las violaciones de los derechos humanos, quizá sea el símbolo más evidente de lo difícil que es pasar página.
© AFP CLAUDIO REYES
Pese a su promesa, la expresidenta Michelle Bachelet, cuyo padre, el general Alberto Bachelet, murió en 1974 a causa de las torturas por mantenerse leal al gobierno de Salvador Allende, acabó su gobierno el pasado marzo sin cerrarla para enojo de la izquierda y de los familiares de las víctimas.
Tampoco lo ha hecho su sucesor, el conservador Sebastián Piñera, quien durante su primer gobierno (2010-2014) cerró otro penal de lujo para agentes de la dictadura.
– Legado –
Tras 28 años de democracia, el legado de Pinochet sigue siendo insoslayable en la vida política y económica de Chile.
En las últimas elecciones de noviembre pasado, José Antonio Kast, un candidato que se proclamaba abiertamente pinochetista obtuvo el 10% de los votos y la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los principales pilares de la coalición de centro derecha que apoya a Piñera, sigue defendiendo el legado político, económico y social de la dictadura.
© AFP Gustavo IZUS
En un tuit, Kast recordó que con el golpe «Chile escogió la libertad; y el país que tenemos hoy es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra».
Según una encuesta reciente, el 75% de los chilenos considera que no ha habido reconciliación, para el 66% no «se ha hecho justicia en materia de derechos humanos» y para el 85% «aún existen pactos de silencio en el ejército para proteger a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos».
