Río de Janeiro (AFP) – El asesinato de opositores durante la dictadura militar brasileña (1964-85) se ordenaba desde el palacio presidencial y Estados Unidos estaba al tanto, revela un documento de la CIA que causó conmoción en el país sudamericano, donde los represores nunca fueron juzgados.
«Memorando del Director de la CIA [William] Colby al secretario de Estado [Henry] Kissinger – Asunto: Decisión del presidente brasileño Ernesto Geisel de continuar con las ejecuciones sumarias de subversivos peligrosos bajo ciertas condiciones». Ese es el encabezamiento del documento que data de abril de 1974, desclasificado en 2015 y exhumado por el investigador Matias Spektor, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).
Geisel (1974-79), penúltimo jefe de Estado de la dictadura, tenía hasta ahora la reputación de haberse enfrentado con la línea más dura del régimen.
El informe relata dos reuniones, el 30 de abril y el 1º de abril de 1974. En la primera, un militar (el general Milton Tavares de Souza) lo insta a proseguir con la política de eliminación de «peligrosos subversivos», diciendo que «unas 104 personas de esa categoría fueron ejecutadas sumariamente por el Centro de Inteligencia del Ejército (CIE) en el último año».
Geisel, que acababa de asumir, quiso tomarse un día para pensarlo y finalmente le dijo al jefe del Servicio Nacional de Informaciones (SNI), Joao Baptista Figueiredo, quien le sucedería en el cargo, que esa política «se proseguiría, pero que debía tomarse cuidado para estar seguros de que solamente los subversivos peligrosos serían ejecutados», precisa el informe del jefe de la Central de Inteligencia norteamericana (CIA).
«Es el documento más perturbador que he leído en veinte años de investigaciones», escribió en su cuenta de Facebook el descubridor de ese documento, el investigador Matias Spektor, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).
– Justicia pendiente –
Una Comisión Nacional de la Verdad (CNV) confirmó en 2014, luego de tres años de trabajos, 434 muertes y desapariciones durante la dictadura brasileña. Identificó además a 377 agentes públicos acusados de crímenes contra la humanidad.
Pero Brasil, contrariamente a otros países latinoamericanos que conocieron regímenes militares anticomunistas durante las décadas de 1970 y 1980, nunca juzgó a los represores, por una ley de 1979 que amnistió a policías y militares acusados de violación de los derechos humanos.
Las versiones oficiales atribuyen además las torturas y asesinatos a excesos o a acciones de grupos incontrolados. Y el ministerio de Defensa reiteró el viernes que no está en condiciones de verificar el informe de la CIA, porque «todos los documentos relacionados con ese periodo (…) fueron destruidos, de acuerdo con las normas de esa época».
El informe es «extremadamente importante, porque de cierta forma demuestra lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo: que no existen subterráneos de la represión en Brasil, que hubo una política de estado de exterminio», dijo a la AFP Rogério Sottili, director ejecutivo del Instituto Vladimir Herzog, que lleva el nombre de una de las víctimas más conocidas de la dictadura.
Ivo Herzog, hijo de Vladimir, pidió el viernes que la diplomacia brasileña solicite a Estados Unidos la apertura de toda la documentación relacionada con la época de la dictadura.
«La impunidad de los crímenes cometidos por el Estado en el pasado alimenta la violencia del Estado en el presente», afirmó Renata Neder, coordinadora de investigaciones de Amnistía Internacional.
Brasil vive una grave crisis política, económica y de seguridad, que dio visibilidad a grupos que reivindican la dictadura. Uno de ellos es el diputado y excapitán Jair Bolsonaro, que trató de minimizar la importancia del reporte de la CIA, alegando que el informante de Colby habría interpretado de forma errada las palabras de Geisel.
Y además, agregó, «cualquiera se equivoca. ¿Quién no dio una palmada en el trasero de su hijo y después se arrepintió?», dijo Bolsonaro, segundo en las intenciones de voto para las elecciones de octubre, en declaraciones a la Radio Super Noticia, de Belo Horizonte.
El abogado paraguayo Martín Almada, que descubrió los archivos de coordinación represiva del Plan Cóndor en los años 70 y 80, no se sintió sorprendido por las revelaciones de que los asesinatos se decidían en los más altos niveles del Estado.
«Así nació el Plan Cóndor, en ese nivel», dijo Almada a la AFP desde Asunción.
Almada afirma que los preliminares del Plan Cóndor se gestaron en Brasil, antes de formalizarse en Chile y de extenderse a casi todos los países de Sudamérica. Y cree que sus estructuras nunca se desmantelaron realmente. «El Cóndor sigue volando», advierte.
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