Cocula (México) (AFP) – El poblado de Cocula, en el norte del estado mexicano de Guerrero, busca dejar atrás la historia que lo ligó a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 con una industria que parecía improbable: la minería de oro.
Según la cuestionada versión que manejó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), Cocula fue el escenario en donde los cuerpos de algunos de los estudiantes desaparecidos fueron incinerados en septiembre de 2014 por sicarios del narcotráfico, coludidos con policías corruptos -un caso que estremeció a México.
Hoy, las autoridades de la región quieren dejar de hablar de la violencia para en su lugar referirse a los más de 800 millones de dólares que ha invertido la minera canadiense Torex Gold en la mina Media Luna, de donde espera obtener 430.000 onzas de oro en 2019.
«Se está trabajando en un proyecto para que los recursos de la mina se enfoquen al desarrollo económico del municipio», dice a la AFP Carlos Duarte, alcalde de Cocula.
Detrás de él, los camiones, las máquinas y las plantas de la mina siguen su trabajo para obtener las codiciadas onzas, casi ajenos a la violencia que ha engullido al estado de Guerrero (sur) en los últimos años.
La desaparición de los 43 estudiantes fue uno de los episodios con más resonancia de la ola violenta que vive el estado, asolado por los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.
En 2018, cuando el país registró cifras récord de violencia con 33.521 homicidios, Guerrero fue uno de los estados más afectados, con 2.472 víctimas.
La empresa minera es consciente de la violencia que impera en la región, por lo que guardias privados vigilan los accesos a la propiedad.
«Sí, hay violencia a nuestro alrededor y el gobierno federal está trabajando de alguna manera para lidiar con ello», dice Jody Kuzenko, jefa de operaciones de Torex.
Torex Gold no es la única empresa minera en el estado. Hay otras compañías en los municipios cercanos de Teloloapan, Eduardo Neri y Arcelia.
Por ello, las autoridades y las empresas esperan que las minas generen un derrame económico en el estado.
«La minería genera desarrollo económico para la región, hay oportunidad de empleo para los municipios cercanos, incluido el nuestro», dice Antonio Jaimes, alcalde de Iguala, una ciudad que también fue escenario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sin embargo, la minería en la región no ha estado exenta de polémica. En noviembre de 2017 dos personas
murieron en un enfrentamiento en el poblado de Atzcala, a 25 minutos de la mina de Torex, en medio de un conflicto sindical que mantenía bloqueados los accesos a la propiedad.
En 2015, habitantes de la comunidad cercana de Carrizalillo denunciaron a la AFP que la riqueza que habían traído las minas a la región llevó a más balaceras, secuestros y extorsión de parte de grupos criminales
