Washington (AFP) – La política de separar a los niños migrantes de sus familias implementada por las autoridades en Estados Unidos comenzó en 2017, mucho antes de que se desatara el escándalo, y afectó a «miles» de niños más de lo que se pensaba, reveló este jueves una auditoría.
Según una auditoría todavía se desconoce el número total de niños que fueron separados de sus padres por la política de tolerancia cero contra la inmigración decretada por el gobierno de Donald Trump en el primer semestre de 2018.
«Se desconoce el número total de niños separados por las autoridades migratorias de sus padres o de sus guardianes», indicó el Despacho del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos en una auditoría.
Después de que en junio de 2018 una corte de distrito ordenara al gobierno identificar a los menores y reunirlos con sus padres, el Departamento de Salud identificó que tenía a 2.737 niños a su cargo en esta situación.
«Sin embargo, miles de niños podrían haber sido separados durante una ola que comenzó en 2017, antes del requerimiento solicitado por el tribunal», señaló la auditoría, que destacó que el Departamento ha tenido problemas para identificar a los menores.
Tom Perez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, denunció que la «crueldad» y la «incompetencia» del gobierno no tienen límites.
«Cuando pensábamos que la pesadilla de la separación de las familias en la frontera no podía ser peor, nos enteramos que Trump ha estado mintiendo sobre la magnitud del desastre humanitario que él creó», dijo.
– «Un desastre desde el principio» –
Joaquín Castro, presidente la Liga de Congresistas Hispanos, dijo estar «indignado» por la información de que miles de niños más de lo que se creía fueron separados de sus familias mediante esta práctica que comenzó antes de que fuera institucionalizada por el gobierno.
«Todos los funcionarios de gobierno involucrados en esconder información que ha sido pedida por el Congreso tienen que acudir inmediatamente ante los legisladores para explicar sus decisiones», afirmó Castro, que ha tenido un rol muy activo en la crisis humanitaria organizando visitas a los centros de detención para los migrantes para denunciar su situación.
El legislador demócrata Bennie Thompson prometió que no va a dejar que esta política quede sin respuesta y se va a asegurar que el gobierno responda por sus decisiones.
«Todavía ni siquiera sabemos exactamente cuando niños fueron separados de su familia porque el gobierno falló a la hora de seguirles el rastro», dijo el representante de Misisipi.
Según la auditoría, más de cinco meses después de la orden judicial todavía había niños en curso de identificación.
Lee Gelernt, subdirector de la organización de derechos humanos ACLU, dijo que la política fue «cruel» y fue un «desastre desde el principio».
«Este informe reafirma que el gobierno nunca tuvo una idea clara de cuántos niños fueron separados de sus padres. Vamos a volver a los tribunales con esta última revelación», afirmó la organización.
Entre los problemas identificados por la investigación independiente está el que no hay una base de datos integrada de las familias separadas compartida entre el Departamento de Salud y el de Seguridad Interior (DHS).
«No está claro si los recientes cambios en los sistemas y los procesos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) son suficiente para asegurar que haya información consistente y precisa sobre los niños separados y la falta de información detallada entregada por el DHS sigue siendo un desafío pendiente», agregó el estudio.
