Montevideo (AFP) – Unos 16 millones más de niños latinoamericanos y caribeños vivirán en la pobreza cuando termine 2020 si no se adoptan medidas urgentes para atajar la debacle económica por la pandemia, advirtieron el jueves Unicef y Save The Children.
El incremento, un 22% más de los que había el año pasado (unos 72 millones), supondría que casi la mitad de los niños de la región (46%) formarán parte de hogares que sobreviven con escasos recursos, indicaron en un comunicado conjunto.
«Este abrumador aumento devolvería a América Latina y el Caribe a niveles similares a los de hace casi 10 años y revertiría significativamente los avances en la lucha contra la pobreza infantil registrados en la mayor parte de la región durante el siglo XXI», dijo Mónica Rubio, asesora de políticas sociales de Unicef para la región, citada en el comunicado.
Los infantes de América Latina y el Caribe sufrirán los efectos económicos más severos de la epidemia, por detrás de algunos países europeos y de Asia Central, según el estudio basado en proyecciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y datos demográficos en un centenar de países.
Además, la crisis generada por la pandemia ampliará aún más la brecha existente entre los niños de familias pobres y ricas, lamentaron la Unicef y Save The Children.
La CEPAL dijo que, como consecuencia de la pandemia, la región experimentará la peor contracción económica desde 1930, de 5,3%.
América del Sur verá crecer en casi 30% los niños que vivirán en hogares pobres, cerca de 11 millones más que el año pasado.
En el Caribe el incremento alcanzará 19% (1 millón más), mientras que en América Central y México podría ubicarse en torno al 13%, unos 4 millones más.
Unicef y Save The Children exhortaron a que se amplíen «rápidamente y a gran escala» los programas de protección social, incluidas las ayudas en efectivo, los comedores escolares y cualquier otro beneficio que alcance a los niños.
Además urgieron a sentar las bases para que los países afronten futuras crisis a un menos costo social.
Una pérdida inmediata de ingresos significa que las familias tienen menos posibilidades de acceder a alimentación suficiente, atención médica o educación para sus hijos, según ambos entes.
A más largo plazo, crecen los riesgos de que los niños sean sometidos a trabajo infantil y sufran violencia o problemas de salud mental.
«¿Permitiremos que los niños paguen la factura de la COVID-19?», se preguntó Rubio. «Cada vez está más claro que las consecuencias de esta privación económica en los niños pueden ser duraderas o incluso irreversibles».
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