Managua (AFP) – La oposición de Nicaragua advirtió este jueves que seguirá pidiendo un adelanto de las elecciones de 2021 en las negociaciones que mantiene con el gobierno de Daniel Ortega para tratar de resolver la crisis que vive el país desde el año pasado.
«Demandamos elecciones anticipadas, libres, justas, transparentes y observadas (..) no cederemos en ese punto», anunció el representante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro, al leer un comunicado en rueda de prensa.
«El 3 de abril es una fecha en la que debe haber un acuerdo que contemple el adelanto de las elecciones y en el que esté claro (además) el tema de la liberación de los presos políticos», dijo la delegada opositora Azahálea Solís.
La ACJD, que representa a la oposición en la mesa de diálogo, reaccionó a las declaraciones del jefe de la delegación del gobierno, el canciller Denis Moncada, quien en una comparecencia televisiva reiteró que no negociarán el recorte del mandato de Ortega.
«Hemos dicho claramente que el adelanto de las elecciones no es un tema que esté en la mesa de negociación (…) definitivamente no», afirmó Moncada.
El ministro de Relaciones Exteriores argumentó que adelantar los comicios «implicaría violentar la Constitución, que establece períodos presidenciales claramente definidos».
Moncada alegó, asimismo, que la ACJD, que agrupa a la oposición en el diálogo, no tiene representantes en el Parlamento para impulsar una reforma constitucional que permita alterar el tercer mandato presidencial sucesivo de Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
El canciller adujo que la Alianza está integrada por sectores que «se vieron involucrados en un intento de golpe de Estado y violación al ordenamiento constitucional del país», en alusión a las protestas antigubernamentales que estallaron en abril pasado, y que Ortega ha atribuido a un fallido golpe de Estado.
– Nicaragua reclama un cambio –
Las protestas, que comenzaron contra una reforma del seguro social, dieron paso a una demanda de salida del mandatario, a causa de la represión que dejó al menos 325 muertos, miles de exiliados y centenares de detenidos.
«Se demanda un cambio profundo de esta sociedad porque aquí ocurrió una masacre. Aquí se violó» y torturó a «un montón» de jóvenes manifestantes, señaló Solís.
La opositora afirmó que la represión que vivió Nicaragua es «incompatible con el desarrollo democrático» que, según ella, pasa por el respeto a los derechos humanos.
En tanto, el influyente senador estadounidense Marco Rubio señaló este jueves en Twitter que para que el diálogo en Nicaragua sea «efectivo», la comunidad internacional debe exigir que se adelanten los comicios y se libere de manera inmediata a todos los opositores detenidos por protestar.
Rubio recordó que la llamada ley Nica Act, que Estados Unidos aprobó en diciembre pasado para restringir el acceso de créditos multilaterales al gobierno de Managua, «se seguirá aplicando con toda su fuerza» si Ortega «pretende usar estas negociaciones como una farsa».
La ACJD se formó en mayo del año pasado con estudiantes, empresarios y miembros de la sociedad civil para dialogar con el gobierno en medio de las protestas, pero el esfuerzo fracasó un mes después a causa de la constante represión contra manifestantes.
El 27 de febrero, el gobierno aceptó reanudar las conversaciones con la Alianza en medio de una grave crisis política y económica que vive el país y amenazas de sanciones internacionales.
La semana pasada, las partes acordaron discutir seis puntos de agenda, que incluye la liberación de manifestantes presos por participar en las protestas y la democratización del país, que abarca el tema de las elecciones.
En ese sentido, el gobierno prometió liberar a todos los manifestantes detenidos en un plazo máximo de 90 días, pero el proceso se ha retrasado a la espera de que el Comité de la Cruz Roja Internacional (CCRI) formalice su apoyo.
