Naciones Unidas (Estados Unidos) (AFP) – La ONU urgió el viernes al gobierno de Colombia a no reabrir elementos clave del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, lo cual en su opinión genera incertidumbre y pone en peligro el histórico proceso que puso fin a medio siglo de conflicto armado.
Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.
«En un clima de incertidumbre -para las víctimas, para aquellos sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para los miembros de las FARC que esperan fondos para la reintegración económica y social y para las comunidades que han sufrido por el conflicto-, la mayor incertidumbre sería reabrir elementos clave del acuerdo de paz», advirtió el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, al Consejo de Seguridad.
– «Lo más rápido posible» –
La ONU insiste en que Colombia debe aprobar «lo más rápido posible» la ley estatutaria que regula la JEP, avalada en 2017 por el Congreso y la Corte Constitucional.
La JEP debe juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto y es considerada la columna vertebral del pacto negociado con la exguerrilla de las FARC.
Pero Duque, que asumió el gobierno en agosto con la promesa de modificar el pacto por considerarlo indulgente con los rebeldes, no ha ratificado la ley porque objeta seis de sus 159 artículos.
Sus objeciones fueron enviadas a la Cámara de Representantes, que las rechazó, y el Senado, donde Duque no cuenta con mayorías claras, debe considerar ahora el asunto.
«El gobierno respetará la decisión que adopte el legislativo y procederá de acuerdo con la Constitución nacional», aseguró el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en su discurso ante el Consejo de Seguridad.
Duque también quiere hacer tres reformas a los artículos de la Constitución que apuntalan el marco de la justicia transitoria del acuerdo de paz.
Estas reformas apuntan sobre todo a modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC.
El gobierno también desea que quienes hayan cometidos crímenes sexuales contra menores de edad tras la fecha de firma del acuerdo de paz sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la JEP, señaló el canciller.
La ONU insiste en que ninguna de estas reformas debe ser retroactiva a la firma del acuerdo, y el canciller aseguró el viernes a periodistas en Nueva York que no lo serán.
– «Resultados impresionantes» –
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estima que el proceso de paz se halla «en una coyuntura crítica».
«Nosotros creemos que esa coyuntura es una oportunidad y la vemos con optimismo», respondió Holmes Trujillo en el Consejo.
En su llamado al gobierno colombiano a apoyar a la JEP, Ruiz Massieu afirmó que incluso sin la aprobación de la ley estatutaria ésta ya avanza con «resultados impresionantes», y ha iniciado siete grandes casos que examinan violaciones que afectan a 820.000 víctimas.
Cerca de 9.700 excombatientes y casi 2.000 integrantes de las fuerzas armadas colombianas se han sujeto a la autoridad de la JEP, se congratuló.
«Esperamos que la JEP obtenga apoyo político y legal para avanzar en su progreso», dijo la embajadora británica ante la ONU, Karen Pierce.
«Es sumamente importante que los acuerdos ya firmados se cumplan sin modificación alguna», sostuvo por su lado el embajador de Rusia, Vasily Nebenzia.
