Ginebra (AFP) – El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Venezuela, estimando que puede tratarse de «crímenes contra la humanidad».
«Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad (…) Exhorto al Consejo (de Derechos Humanos de la ONU) a lanzar una investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela», afirmó Zeid Ra’ad Al Hussein, en la apertura en Ginebra de la 36ª sesión de esta institución.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, presente en la sala, rechazó esas críticas, y acusó durante su intervención al Alto Comisionado de tener un «comportamiento selectivo, parcializado y politizado» y pidió que cesara la «agresión» contra su país.
En su intervención previa, Zeid aseguró que existe un «real peligro» de que haya una «escalada de tensiones» y acciones del gobierno venezolano «contra instituciones democráticas y voces críticas», mediante «procedimientos judiciales contra líderes de la oposición, el recurso a detenciones arbitrarias, el excesivo uso de la fuerza y malos tratos a los detenidos,» lo que «en algunos casos se asemeja a la tortura».
«El mes pasado –prosiguió Zeid– mi oficina divulgó un informe sobre Venezuela, subrayando el excesivo uso de la fuerza por parte de oficiales de seguridad, así como otras múltiples violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales».
En ese informe, el Alto Comisionado había asegurado que existe en Venezuela «una erosión de la vida democrática», que «apenas sigue viva, si es que todavía está viva».
El canciller venezolano replicó rechazando este informe «plagado de mentiras» y «ofensas a nuestro país», que «parece responder a directrices de Estados Unidos, principal violador de derechos humanos en el mundo».
Por su parte, Zair Mundaray, exfuncionario de la fiscalía general venezolana, avaló este informe en un encuentro con la prensa organizado por la oenegé UN Watch, que monitorea a la ONU, aunque afirmó que la situación es aún peor que la descrita.
«Los resultados que allí se exponen son bastante similares a los obtenidos por el ministerio público venezolano en el transcurso de las investigaciones que hemos adelantado en esta materia, por lo que los avalamos plenamente», dijo.
Para añadir, «sin embargo me atrevo a afirmar que a pesar de lo dramático el panorama allí escrito, el material recopilado en el ejercicio de nuestras funciones nos permite sostener con fundamento probatorio que la situación es aún peor».
Apostillando, «no es posible la obtención de justicia en Venezuela y debemos acudir a otros mecanismos para procurar obtenerla».
– Brazo del poder –
Asimismo, Hillel Neuer, director general de UN Watch, sentenció: «ya es hora de que Venezuela sea suspendida del Consejo de Derechos Humanos. Es esto lo que estamos pidiendo».
Venezuela está sumida en una grave crisis política, económica e institucional. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes antigubernamentales han dejado 125 muertos, entre abril y julio.
El Alto Comisionado subrayó que Venezuela es actualmente uno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y tiene por tanto el deber de defender y promover los derechos humanos.
Las autoridades venezolanas habían rehusado la entrada al país de los investigadores de la ONU, por lo que Zeid encargó a un equipo de especialistas de derechos humanos que entrevistara a distancia a 135 víctimas y a sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros de la oficina de la fiscalía general.
En un comunicado divulgado por la ONG Human Rights Watch (HRW) en nombre de 116 organizaciones, en su mayoría latinoamericanas, los defensores de los derechos humanos explican que la «crisis en Venezuela debería ser una prioridad del Consejo» de derechos humanos de la ONU.
Por otro lado, la Comisión internacional de juristas, una organización basada en Ginebra, aseguró en un comunicado que el Tribunal supremo de justicia de Venezuela «ha dejado de actuar como tribunal independiente» y «se ha convertido en el brazo de un dirigente autoritario».
En su intervención, el canciller venezolano atribuyó «la mayoría» de las muertes producidas en recientes los disturbios en su país «al accionar violento de los grupos antigubernamentales».
Denunció asimismo una «agresión multiforme contra la economía» venezolana, tras la cual se halla el «desespero imperial» de Estados Unidos «por destruir la paz (…) y las instituciones de Venezuela y con ello controlar las mayores reservas de petróleo del planeta (…)».
