Washington (AFP) – La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que podría iniciar el proceso para suspender a Venezuela del organismo por quiebre del orden democrático, endureciendo el tono de la región hacia el gobierno de Nicolás Maduro.
La iniciativa fue adoptada la noche del martes al cierre de la 48ª asamblea anual de la OEA por 19 votos a favor, cuatro en contra y 11 abstenciones.
Tras febriles negociaciones, los diez países que la patrocinaban – Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, Perú, Costa Rica, Guatemala y Paraguay – lograron el apoyo de la mayoría simple de los 35 miembros del organismo.
Pero la suspensión de Venezuela del principal foro político del continente, en caso de concretarse, no será inmediata. Para hacerlo, se requieren 24 votos: primero para convocar a una asamblea general extraordinaria que debe tratarla, y luego, para aprobar la medida.
En la votación del martes, además de Venezuela que se pronunció «rotundamente en contra», se opusieron Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Dominica.
La mayoría de los países caribeños, tradicionales aliados de Caracas, que les vende su petróleo en condiciones muy favorables, se abstuvieron, así como Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que desde 2016 cuestiona fuertemente al gobierno de Maduro, celebró la votación como «un paso clave en la lucha por la democracia».
Esta es la medida más dura que toma la OEA con relación a Venezuela. El consejo permanente declaró en abril de 2017 que en el país se había producido un quiebre constitucional, pero luego no consiguió los votos para pasar una resolución al respecto en su asamblea general de junio pasado en Cancún.
– «Desestabilizadora e injerencista» –
El texto declara ilegítima la reelección de Maduro y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por «alteración del orden constitucional», un proceso que puede derivar en la suspensión de Venezuela de la OEA.
La resolución, que Caracas considera «desestabilizadora e injerencista» y enmarcada en una «campaña criminal» del gobierno de Donald Trump, fue impulsada por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, que el lunes llamó a una veintena de países a «que expulsen a la dictadura de Maduro de la OEA».
«La democracia importa, los derechos humanos importan», dijo el embajador estadounidense, Carlos Trujillo, sonriente al agradecer a los «amigos» por votar para defender esos principios.
«La emboscada planificada con la Resolución Pence fue derrotada», estimó sin embargo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, señalando que la resolución «da carta blanca» a una «intervención», «inclusive militar».
Venezuela se va «con la frente en alto», añadió.
Maduro solicitó el año pasado la salida de Venezuela de la OEA, un trámite que debe finalizar en abril de 2019.
Pero Almagro dijo el martes que ese pedido «está pendiente» porque fue denunciado por inconstitucional por «órganos legítimos» venezolanos.
En Caracas, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que boicoteó y desconoció los resultados de las presidenciales, saludó la decisión de la OEA como «un espaldarazo a la lucha emprendida por los demócratas venezolanos».
– Violencia en Nicaragua –
La OEA condenó además la violencia que sacude a Nicaragua desde hace casi dos meses y que deja más de un centenar de muertos en medio de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
La «Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua» fue presentada por Estados Unidos y por el propio gobierno nicaragüense, y respaldada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú.
El documento fue aprobado sin oposición.
«Esta declaración marca el comienzo de la participación de los Estados miembros de la OEA en la grave situación en Nicaragua», dijo Trujillo.
«Como hemos dicho en repetidas ocasiones, el régimen de Ortega debe ordenar a su policía que detenga la represión y respete los derechos humanos», enfatizó.
El representante alterno de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, instó a sus compatriotas a recorrer los «caminos de la reconciliación y la unidad», antes de cerrar su alocución recitando la oración de San Francisco.
La declaración exige «el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general».
También llama al gobierno y a otros actores sociales a participar «constructivamente en negociaciones pacíficas para fortalecer las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas».
Pero no responsabiliza al gobierno de Ortega por la represión a manifestantes.
«No hay un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la comisión de gravísimas violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y muchas más», dijo a AFP Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
