La lucha infatigable de la madre de un civil ejecutado por militares en Colombia

Bogotá (AFP) – Fueron nueve años reconstruyendo la ejecución extrajudicial de su hijo. En la búsqueda de justicia, Carmenza Gómez destapó una «olla podrida» en el ejército de Colombia y ahora exige la verdad completa sobre el crimen.

Víctor Gómez trabajaba como guardia en Bogotá. El 23 de agosto de 2008 desapareció junto con Diego Tamayo y Jader Palacio. Al mes siguiente sus cuerpos fueron hallados muy lejos de Soacha, la localidad donde vivían al sur de Bogotá.

Con la falsa promesa de un mejor empleo unos desconocidos, se supo después, los llevaron al departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela.

«Los emborracharon, y los llevaron hacia donde había un falso retén del ejército (…) Al otro día amanecían muertos», relata a la AFP la mujer de 62 años. «Víctor tenía un tiro en la frente, un tiro de gracia».

Las autoridades habían reportado al joven de 23 años como parte de una organización paramilitar que murió en combate. Era el sexto de los ocho hijos que Carmenza crió sola.

La mujer cuenta que se enteró de lo sucedido con Víctor porque un aprendiz del instituto forense, primo de uno de sus amigos desaparecidos, halló la foto de su familiar. El cadáver estaba en una morgue a 740 kilómetros de Soacha.

En el álbum mortuorio, corrió la voz, también estaba Víctor. «Uno quisiera que la tierra se abra y se lo coma a uno. Yo me desmayé», recuerda. «Uno de madre o de padre nunca está preparado para ver un hijo muerto».

– «Olla podrida» –

Como pudo reunió dinero y viajó por el cuerpo de su hijo, que junto con otros cadáveres estaban siendo trasladados de la morgue hacia una fosa común. Con el tiempo se ubicaron los de 19 jóvenes de Soacha en varias fosas.

«Yo fui la que destapé esta olla podrida que tenía el ejército», detalla la mujer, que recibió protección estatal ante los riesgos de seguridad.

Sin imaginarlo, Carmenza comenzó a desvelar el mayor escándalo en la historia de las fuerzas militares de Colombia: los «falsos positivos», ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban como bajas en combate para engrosar los resultados de un conflicto que ha desangrado al país por casi sesenta años.

La fiscalía ha documentado 2.248 «falsos positivos» -buena parte jóvenes pobres- entre 1988 y 2014. El 59% de los casos se produjeron en el gobierno del ahora senador Álvaro Uribe (2002-2010), que combatió sin tregua a los grupos rebeldes.

A cambio los militares recibían días de descanso, medallas o proyecciones de ascenso. Cuando se confirmó el paradero de los jóvenes desaparecidos de Soacha, el gobierno destituyó a 27 militares y Uribe negó cualquier responsabilidad.

Entonces empezó la maratón judicial de Carmenza y de otras 13 mujeres que forman el Colectivo Madres de los Falsos Positivos.

Mientras buscaba justicia, el 4 de febrero de 2009, desconocidos asesinaron a tiros a otro de su hijos, John. Carmenza cree que lo mataron porque estaba escudriñando en la trama que terminó con la vida de su hermano.

La mujer recuerda con remordimiento la admiración que le tenía al ejército colombiano, donde prestaron servicio obligatorio tres de sus cinco hijos.

– ¿Perdón? –

Pese a la nueva pérdida y el miedo, Carmenza no desistió y acompañó prácticamente cada una de las audiencias relacionadas con la muerte de Víctor. En 2017, nueve años después del crimen, la justicia civil condenó a 17 soldados y mandos.

Todo ese tiempo «fue mirándole la cara a ellos, en la misma sala cuando habían audiencias, donde no hacían sino burlarse de nosotras y secretearse», lamenta.

Varios de los uniformados condenados recobraron temporalmente la libertad tras someterse a la justicia especial surgida del acuerdo de paz de 2016, que acabó con medio siglo de lucha armada de la guerrilla FARC.

Fue «un golpe muy duro», asegura Carmenza. Sin embargo, aunque escéptica, espera que esta concesión conduzca a que se sepa toda la verdad y haya reparación de las víctimas conforme reza el pacto que acogió Colombia para esclarecer los peores crímenes del conflicto.

«Lo único que espero es (…) que les quiten los beneficios (penales) si no dicen la verdad plena», añade.

El más alto mando vinculado en los «falsos positivos» es el general Mario Montoya, comandante del ejército entre 2006 y 2008, quien aseguró en audiencia que sus subordinados malinterpretaron sus exigencias de resultados.

Carmenza considera que el Estado es el mayor responsable de los crímenes por establecer una política de «pagar recompensas para decir que estaban ganando la guerra, matando civiles». Asegura que solo cuando se establezca esa verdad, considerará el perdón.

En tiempos de pandemia, las madres de Soacha venden mascarillas como una consigna que resume su lucha: «¿Quién dio la orden?».