Santiago (AFP) – Una década después del accidente, los mineros de Atacama luchan todavía por obtener una indemnización y un grupo de ellos también por recuperar los derechos de la historia de supervivencia que maravilló al mundo.
Treinta y uno de los 33 mineros demandaron al Estado y a la minera San Esteban, dueña del yacimiento, como responsables del derrumbe que los sepultó por 69 días a más de 600 metros en el interior de la mina San José, en la ciudad de Copiapó. Los mineros Luis Bustos y Juan Illanes se restaron de la acción judicial por decisión personal.
Tras ocho años, la justicia condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 110.000 dólares a cada uno y exculpó a la minera San Esteban.
Pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló el fallo, al estimar que los mineros ya fueron resarcidos al recibir pensiones vitalicias (14 de los 33 por edad y patologías) y ayuda económica privada. El recurso aún no ha sido resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago.
«En nuestra opinión, la sentencia contiene errores y vicios que la hacen anulable, sin perjuicio de vulnerar diversas normas legales que hacen necesaria la revocación de lo decidido», indicó el CDE ante una consulta de la AFP.
En 2017, la justicia chilena decidió disolver la fundación Los 33 de Atacama, creada para preservar su historia, el uso turístico y la administración del museo que hoy se encuentra fuera de la mina.
Recuperar los derechos
Aún aturdidos por la atención mediática, los 33 mineros de Atacama establecieron una sociedad junto a los abogados chilenos Remberto Valdés y Fernando García, a quienes entregaron los derechos a perpetuidad de su historia.
Bajo este acuerdo fue producida la película estadounidense «Los 33«, protagonizada por el español Antonio Banderas y la francesa Juliette Binoche, dirigida por la mexicana Patricia Riggen y producida por el estadounidense Mike Medavoy, responsable de cintas legendarias como «Rocky» y «Apocalipse Now».
Pero por concepto de derechos, los mineros acusan no haber recibido ningún peso. Tampoco por el libro «En la oscuridad», escrito por Héctor Tobar.
«En el tema de la película se perdió todo, quedamos debiendo 2 millones de dólares. Los libros en todas partes se han agotado pero no nos ha llegado ni un peso», dijo a la AFP Omar Reygadas, uno de los 33 mineros.
En 2015, decididos a recuperar los derechos de su historia, 12 de ellos presentaron una demanda contra los abogados Valdés y García, a quienes acusaron de «estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación».
«Los mineros querellantes no han perdido la esperanza, no la perdieron hace 10 años, no la han perdido ahora. Esperan llevar a juicio oral a los responsables y que estos puedan ser juzgados, condenados y mis mandantes vuelvan a ser dueños de sus vivencias», explicó a la AFP Alejandro Peña, su abogado en la causa.
En la querella se indica que los abogados demandados «nunca les permitieron (a los mineros) tener acceso a ninguna información y toma de decisiones, nunca les informaron detalladamente la totalidad de las partidas ingresadas y menos les permitieron administrar sus derechos como se les había prometido». Los letrados también son acusados de haberse embolsado 185.000 dólares que debían repartir.
En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minas destacó el fortalecimiento de las fiscalizaciones mineras tras el accidente. Si al año 2010, se realizaban alrededor de 2.400 fiscalizaciones, estas aumentaron a más de 10.000 el año pasado, y los decesos al año bajaron de 45 a 14.
